Abogacía del Estado descarta la suspensión cautelar de la regularización masiva de inmigrantes

Suspensión de la regularización masiva rechazada por la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez, ha desestimado la petición de suspensión cautelar presentada por la asociación Hazte Oír contra la regularización extraordinaria de inmigrantes. La solicitud, interpuesta ante la Sala Tercera del Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo, pretendía frenar una medida que el Gobierno considera esencial para atender la realidad social.

Esta resolución llega después de que el Ejecutivo solicitara al Supremo que no paralice la regularización, como se informó en Gobierno pide al Supremo que no paralice la regularización extraordinaria de migrantes. La decisión de la Abogacía mantiene la vía reglamentaria abierta mientras se espera la vista programada para este miércoles.

Argumentos legales de la Abogacía del Estado

En su escrito de alegaciones, la Abogacía argumenta que la petición es inadmisible porque Hazte Oír no acredita un "interés legítimo, propio y específico" que justifique la legitimidad activa. Según el escrito, la asociación no demuestra que la norma le cause un perjuicio directo y concreto, requisito indispensable para interponer el recurso.

Asimismo, se subraya que las resoluciones que se derivan de la regularización son de carácter administrativo, sin crear derechos permanentes ni imposibles de modificar. La Abogacía rechaza la idea de que la medida genere un impacto masivo en los servicios públicos, señalando que los beneficiarios ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026.

El documento también recuerda que la iniciativa cuenta con el respaldo de una Iniciativa Legislativa Popular firmada por más de 600.000 ciudadanos y aprobada en el Congreso con 310 votos a favor y 33 en contra. Tras quedar estancada en la Cámara Baja, el Gobierno optó por la vía reglamentaria sin el apoyo directo de las Cortes Generales.

Próximos pasos del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha fijado una vista para este miércoles, donde ambas partes expondrán sus argumentos ante los magistrados. La decisión que se tome determinará si la regularización extraordinaria se mantiene o se suspende mientras se resuelve el recurso.

Una eventual suspensión podría retrasar la regularización de miles de inmigrantes que, según el Gobierno, ya forman parte del tejido social y laboral del país. Por el contrario, mantener la medida reforzaría la política migratoria anunciada por el Ejecutivo y respondería a la presión de la sociedad civil que respaldó la iniciativa popular.

En caso de que el Supremo confirme la regularización, el proceso seguirá su curso reglamentario, con la emisión de los correspondientes permisos y la integración de los beneficiarios en los sistemas de salud, educación y empleo. Si, por el contrario, se decide suspenderla, el Gobierno tendría que buscar alternativas legislativas o reglamentarias para atender la situación migratoria.

La audiencia del miércoles será, por tanto, decisiva para definir el futuro inmediato de la política migratoria española y para esclarecer el alcance de la legitimidad activa de asociaciones como Hazte Oír en asuntos de interés general.