Fiscal pide 29 años de cárcel al hijo mayor de Jordi Pujol

La Abogacía del Estado había propuesto 25 años para el principal acusado, la misma pena para su exesposa y 4,5 años para Josep, pero la petición del fiscal supera esas cifras, reflejando la gravedad que atribuye a los hechos.

Los Servicios Jurídicos del Estado, por su parte, no acusan al resto de los hijos del expresidente y solicitan dos años de prisión para los nueve empresarios por falsedad documental, una acusación que se mantiene sin cambios.

Próximos pasos y posibles consecuencias judiciales

El tribunal tendrá que pronunciarse sobre la solicitud antes de que finalice el juicio, previsto para el tercer trimestre de 2024. Una condena al nivel solicitado implicaría penas que, de confirmarse, serían de las más largas en la historia reciente de la justicia española contra miembros de una familia política.

«La gravedad de los hechos obliga a una respuesta ejemplar», afirmó el fiscal Bermejo en la audiencia, subrayando la necesidad de restablecer la confianza ciudadana.

Si se dictan las penas máximas, los acusados enfrentarían la pérdida de derechos políticos y la imposibilidad de ejercer cargos públicos, lo que podría afectar la percepción pública de la clase política catalana.

Además, la sentencia sentará un precedente para futuros procesos de corrupción que involucren a familias con poder económico y político, reforzando la actuación del Ministerio Fiscal en la lucha contra la malversación.

En cualquier caso, la decisión judicial será observada de cerca por partidos independentistas y por la ciudadanía, que esperan que la justicia actúe con rigor y sin favoritismos.