Investigación anunciada
El Govern balear ha confirmado que iniciará una investigación sobre posibles infracciones a la Ley 5/2018 de vivienda y a la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda cometidas por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. La decisión se tomó tras la interpelación del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante el pleno del Parlament balear.
La denuncia fue recibida en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y será tramitada por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Mateo ha asegurado que el expediente se gestionará como cualquier otro, siguiendo los plazos legales y sin privilegios para ninguna de las partes implicadas.
"Se recibió la denuncia en el Ibavi y, como toda denuncia, será tramitada y respondida desde la dirección general de Vivienda y Arquitectura, como todas las demás", declaró el conseller ante las preguntas de las diputadas socialistas.
Detalles de la denuncia y supuestas irregularidades
Los diputados del Grupo Socialista, Irantzu Fernández y Pilar Costa, acusan a Triguero de utilizar la figura de Vivienda de Precio Limitado (VPL) para convertir un local comercial en su vivienda habitual. Según la denuncia, el alcalde habría solicitado y obtenido la licencia de primera ocupación de forma autoconcedida, sin pasar por los trámites habituales.
Una vez convertido el local, Triguero habría alquilado la vivienda a precio de mercado, práctica prohibida por la normativa VPL a quien ya posee otra vivienda. Los socialistas califican la maniobra como un "fraude de ley" que vulnera el objetivo de la normativa, que busca evitar la especulación y garantizar precios asequibles.
"El alcalde se dio a la tarea de trabajar para sí mismo, sin escrúpulo, usando la VPL para su beneficio personal", afirmó Irantzu Fernández, recordando que la ley prohíbe a propietarios con segunda vivienda acogerse a este régimen.
Posibles consecuencias y próximos pasos de la investigación
Si la Dirección General de Vivienda y Arquitectura confirma las irregularidades, el alcalde de Ibiza podría enfrentarse a sanciones administrativas que incluyen multas y la posible revocación de la VPL concedida. Además, la Fiscalía podría abrir una causa penal por posible fraude urbanístico.
El proceso seguirá los cauces habituales: recopilación de documentación, inspección del inmueble y comparecencia de los implicados. Mateo ha subrayado que la investigación se iniciará una vez se cuente con toda la información requerida por la normativa.
En caso de que se demuestre un incumplimiento, el Govern balear ha indicado que actuará con "contundencia" para evitar que casos similares se repitan, reforzando la vigilancia sobre la concesión de VPL en toda la comunidad autónoma.
"Si desde el Govern no se actúa con contundencia, seremos cómplices de un fraude de ley", reiteró Pilar Costa, exigiendo una respuesta rápida y eficaz.
La ciudadanía ibicenca sigue atenta a la evolución del caso, que pone de relieve la tensión entre la política local y las políticas de vivienda impulsadas por la administración autonómica.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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