Resumen de la decisión judicial
La Audiencia de Barcelona ha revocado el archivo que la jueza instructora había acordado y ha ordenado investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra el 15 de octubre en la rampa del parking de la Estación de Sants. La resolución indica que la actuación policial pudo ser "desproporcionada" frente a una manifestación esencialmente pacífica, y permite citar a los dos agentes que emplearon el agente irritante como imputados.
Detalles del hecho y de la resolución judicial
El día señalado, un grupo de manifestantes pro‑Palestina se sentó en la rampa del parking para impedir la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que jugaba en Manresa. Los agentes antidisturbios de los Mossos, sin que hubiera bloqueo del tráfico ni enfrentamientos, lanzaron gas pimienta contra los ocupantes. Según los informes médicos presentados, varios manifestantes sufrieron lesiones cutáneas, oculares y respiratorias atribuibles al agente químico.
Los magistrados de la sección 10ª, tras revisar los vídeos, constataron que los autobuses pudieron salir sin impedimento y que no se registró "especial embotellamiento". Además, señalaron que los manifestantes no cometieron actos de violencia, limitándose a una resistencia pasiva. "La protesta fue esencialmente pacífica", concluyeron los jueces, lo que obliga a investigar la necesidad y proporcionalidad de la respuesta policial.
Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente escrutinio judicial a actuaciones policiales, similar al caso del tiroteo en La Mina que también fue objeto de investigación por la Audiencia de Barcelona Tiroteo en La Mina. La revisión de la actuación policial busca garantizar que el uso de la fuerza se ajuste a la normativa y a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Posibles consecuencias y próximos pasos
Con la orden de investigación, los dos agentes identificados en los vídeos pueden ser citados como imputados y enfrentar una posible sanción disciplinaria o penal, según los resultados del procedimiento. La Fiscalía podrá solicitar la apertura de un sumario y, en caso de encontrar responsabilidad, los agentes podrían ser sancionados o, alternativamente, el caso podría archivarse si se demuestra la ausencia de infracción.
El proceso también abre la puerta a que los manifestantes presenten nuevas pruebas médicas o testimonios que refuercen la acusación de uso excesivo de la fuerza. De confirmarse la desproporción, la resolución sentará un precedente para futuras protestas, obligando a los cuerpos de seguridad a calibrar su respuesta ante manifestaciones pacíficas.
En última instancia, la decisión refuerza el control judicial sobre la actuación policial y recuerda a los ciudadanos que los derechos a la protesta y a la integridad física están protegidos por la ley. La evolución del caso será seguida de cerca por organizaciones sociales y por la opinión pública, que demandan claridad y responsabilidad en el uso de la fuerza policial.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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