Sentencia del Tribunal Supremo sobre la fijeza de los interinos
El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia que establece el criterio definitivo para miles de empleados públicos: solo podrán consolidar su condición de funcionarios fijos los interinos que hayan superado previamente una prueba selectiva, aunque en su momento no les haya correspondido una plaza. Con la resolución, el Alto Tribunal elimina la expectativa de que la simple permanencia en el puesto con contrato temporal genere fijeza automática.
La decisión se basa en la necesidad de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público. "No supone ninguna innovación", señaló el ministro de Función Pública, Óscar López, al comentar la sentencia.
Criterios, indemnizaciones y tasas de temporalidad según el Gobierno
Para acceder a la condición de fijo, el interino debe aprobar una prueba selectiva que cumpla con los requisitos de transparencia y objetividad establecidos por la normativa de empleo público. La prueba incluye una fase escrita y, en su caso, una entrevista personal que evalúa la capacidad profesional del aspirante.
En caso de que el trabajador no pueda consolidar su puesto por no haber superado el proceso selectivo, el Tribunal Supremo le reconoce una indemnización por daños morales que oscila entre 1.000‑10.000 €, más 20 días de salario por cada año trabajado si se produce el cese efectivo del contrato.
El Ministerio de Función Pública destaca que la tasa de eventualidad en la Administración General del Estado se sitúa en 4,7 %, mientras que en las comunidades autónomas alcanza cerca del 40 %. Estos datos subrayan la disparidad entre la gestión central y la autonómica del empleo temporal.
Posibles repercusiones y próximos pasos para los interinos
La sentencia afecta a un colectivo heterogéneo cuyo número exacto aún no se conoce, aunque los sindicatos estiman que son varios cientos de miles los empleados que podrían verse beneficiados por la vía indemnizatoria. La presión sobre el Ejecutivo se intensifica, pues los partidos de oposición exigen medidas urgentes para reducir la temporalidad.
El Gobierno, por su parte, ha trasladado la responsabilidad al ámbito autonómico, argumentando que la mayoría de los contratos eventuales se generan en esas administraciones. Se espera que las comunidades autónomas revisen sus planes de contratación y, en algunos casos, establezcan bonificaciones para incentivar la oferta de plazas fijas.
En los próximos meses, los interinos podrán presentar recursos judiciales para reclamar la indemnización correspondiente y, simultáneamente, los órganos de la Administración General del Estado iniciarán un proceso de revisión de los criterios de selección, con el objetivo de evitar futuros abusos de temporalidad.
El debate sobre la fijeza seguirá alimentando la agenda política, y la evolución de la tasa de eventualidad será un indicador clave para medir el impacto de la sentencia en la estabilidad laboral del sector público.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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