Nueva Ley Orgánica de Integridad Pública: objetivo y alcance
El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, ya conocido como ley anticorrupción, fue presentado en el Congreso esta semana. Su objetivo es ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y reforzar la protección de denunciantes y testigos.
Entre las medidas principales destacan la ampliación de supuestos de prohibición para contratar con el sector público y la facultad del Estado para localizar, intervenir y decomisar bienes ilícitos, incluidos los criptoactivos. La normativa también prevé penas más severas para empresas implicadas en corrupción internacional.
Fiscalía y notariado: puntos de fricción sobre la trazabilidad
La Fiscalía ha valorado positivamente el anteproyecto, pero advierte que la eliminación de la escritura pública para la transmisión de participaciones sociales debilitaría herramientas clave contra el blanqueo de capitales. Según el Fiscal General, "permitir documentos privados e inscripción registral sin intervención notarial reduce la capacidad de rastrear estructuras opacas".
El Consejo General del Notariado comparte la preocupación. Señalan que el sistema actual alimenta el índice único informatizado usado por Hacienda, la UCO, la UDEF y el Sepblac para detectar operaciones sospechosas. "Eliminar la escritura pública convertiría en obsoleta una base de datos construida durante más de veinte años", advierten los notarios.
Registradores y parte de la abogacía, sin embargo, defienden que el nuevo modelo podría agilizar operaciones, bajar costes y mejorar la identificación de la titularidad real si se refuerzan los controles registrales. Argumentan que la trazabilidad no depende exclusivamente del notariado, sino de una coordinación eficaz entre registros.
Próximos pasos y posibles ajustes al anteproyecto
El debate ha puesto sobre la mesa varias propuestas de ajuste. La Fiscalía sugiere mantener alguna intervención notarial obligatoria en la transmisión de participaciones, mientras que el Consejo del Notariado pide reforzar la coordinación entre el registro mercantil y el sistema notarial.
Los legisladores consideran introducir un mecanismo de supervisión conjunta que permita a notarios y registradores intercambiar información en tiempo real. Otra opción contemplada es crear un registro digital de beneficiarios reales, accesible a las fuerzas de seguridad bajo estrictas garantías de confidencialidad.
Si se alcanzan acuerdos técnicos, el texto podría avanzar rápidamente en el proceso legislativo. De lo contrario, la falta de consenso podría retrasar su aprobación y dejar al país sin una herramienta robusta contra la corrupción y el blanqueo.
Cierre
La Ley Orgánica de Integridad Pública representa un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, pero su éxito dependerá de cómo se resuelvan las tensiones entre fiscales y notarios. Un equilibrio que preserve la trazabilidad sin sacrificar agilidad será clave para que la norma se convierta en un verdadero escudo contra el blanqueo de capitales y la corrupción empresarial.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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