Investigación judicial
El juzgado de Granadilla de Abona abrió diligencias el pasado noviembre contra Ricardo Rivero, jefe de la Policía Local, tras la denuncia de una agente por acoso sexual y laboral. La investigación sigue activa después de que el magistrado tomara la declaración del investigado el 26 de marzo.
La agente denunciante lleva varios meses de baja por síntomas ansioso‑depresivos y ha solicitado protección judicial. La autoridad judicial mantiene el caso abierto pese a que la investigación municipal se cerró en septiembre por falta de pruebas.
Detalles de la denuncia y del proceso judicial
La agente afirma que durante una década sufrió insultos, menosprecio y constantes insinuaciones sexuales por parte de su superior. Según su relato, los abusos se produjeron en el marco de la relación jerárquica propia de la Policía, lo que dificultó la denuncia.
El juzgado ha escuchado a varios testigos y ha incorporado a los autos un parte médico de abril de 2024 que describe taquicardia, insomnio, dolor abdominal y otras secuelas. La denunciante también ha presentado informes de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que brinda atención psicológica, jurídica y social desde noviembre de 2015.
«El acoso se prolongó durante años y la falta de medidas preventivas provocó mi baja médica», declaró la agente en su declaración. La falta de medidas organizativas para evitar el contacto profesional con su jefe fue señalada como un factor agravante.
Posibles desdoblamientos del caso
Si el juzgado determina que existen indicios suficientes, Ricardo Rivero podría enfrentar cargos penales por acoso sexual y laboral. Además, la Policía Local tendría que aplicar medidas de protección para la denunciante y abrir una revisión interna del protocolo antiacoso.
La denunciante sigue recibiendo terapia y apoyo de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que garantiza asistencia integral mientras se resuelve el proceso judicial. La entidad ha subrayado la necesidad de mecanismos de protección más eficaces en las administraciones públicas.
El caso plantea un debate sobre la capacidad de los cuerpos de seguridad para gestionar denuncias internas sin que la jerarquía interfiera. La falta de una respuesta adecuada por parte del consistorio en 2023‑2024 ha llevado a la intervención judicial.
En caso de que se dicten cargos, la Policía Local de Granadilla podría verse obligada a revisar sus procedimientos internos y a reforzar la formación en prevención de acoso. La comunidad local sigue atenta a la evolución del proceso, que podría sentar un precedente en la isla.
La autoridad judicial ha señalado que el proceso seguirá su curso sin dilaciones, y que cualquier medida de protección será adoptada de forma inmediata si se considera necesario. La agente denunciante, de 47 años, ha expresado su confianza en la vía judicial para obtener justicia.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha declarado que respetará las decisiones del juzgado y que colaborará con las investigaciones en curso. La falta de pruebas en la investigación municipal no impide la actuación del poder judicial.
Este caso se suma a otros recientes en los que la justicia ha intervenido para proteger a víctimas de acoso dentro de cuerpos de seguridad. La atención mediática ha puesto de relieve la importancia de protocolos claros y efectivos.
En conclusión, la apertura de diligencias contra el jefe de la Policía Local marca un punto de inflexión para la gestión de denuncias de acoso en Granadilla. El desenlace determinará no solo la responsabilidad penal de Ricardo Rivero, sino también la necesidad de reformas estructurales en la institución.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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