Regularización de migrantes: un mes de polémica política y judicial
La regularización extraordinaria de migrantes entró en vigor el 1 de abril de 2025 tras ser aprobada por el Consejo de Ministros. Un mes después, la norma ya está en el centro de una disputa política y judicial que involucra al Gobierno, a Podemos, al PP, a Vox y al Consejo de Estado.
Detalles de la normativa y de los acuerdos políticos
La normativa exige una estancia mínima de cinco meses en territorio español, situación de vulnerabilidad y un vínculo laboral, ya sea contrato firmado o precontrato. También se consideran criterios como hijos escolarizados, discapacidad o dependencia de ayudas sociales. El acuerdo que permitió la medida se cerró en enero entre el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a cambio de que el partido apoyara la delegación de competencias migratorias a Catalunya, petición impulsada por Junts.
Próximos pasos y posibles repercusiones
El Consejo de Estado ha presentado recursos que cuestionan la eliminación del certificado de antecedentes penales, requisito que el Gobierno retiró del texto final. Mientras tanto, el y denuncian la falta de debate parlamentario y han presentado recursos judiciales para impugnar la norma. El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida responde a la presión social y a la necesidad de regularizar a los migrantes que llegaron antes del .
