Gobierno expulsa 30 eléctricas piratas en dos meses
El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de la vicepresidenta Sara Aagesen, ha ordenado la inhabilitación de 30 compañías eléctricas en los últimos dos meses. La medida forma parte de una campaña intensificada contra empresas sin actividad o que incumplen sus obligaciones. Con casi 40 expulsiones acumuladas en lo que va del año, la cifra supera la de todo el año anterior, lo que evidencia una política más agresiva. Los expedientes se resolvieron mayormente sin necesidad de traspasar clientes, pues las entidades expulsadas no tenían consumidores activos. En una decena de casos la suspensión se debió a la falta de compra suficiente de energía para garantizar el suministro, al impago de los gastos del sistema eléctrico o a la ausencia de garantías económicas exigidas por la normativa. "Nuestro objetivo es garantizar un mercado eléctrico fiable y sin actores que vulneren las normas", afirmó Sara Aagesen en una rueda de prensa. La acción se sustenta en datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que confirman la rapidez con la que se están ejecutando los procedimientos.
Cómo y por qué se endurecen las normas del mercado eléctrico
El Gobierno ha utilizado un real decreto que actualiza el reglamento de suministro y comercialización de la electricidad. La norma reduce el plazo de inactividad permitido de a meses, obligando a las comercializadoras a comprar energía y mantener la actividad continua. Las nuevas reglas exigen que, dentro de los seis meses desde su inscripción, las empresas adquieran energía en el mercado mayorista y no interrumpan la comercialización. Quienes no cumplan pueden ser inhabilitados de forma inmediata. Además, el decreto permite al Ministerio adoptar medidas provisionales durante la tramitación del expediente, como impedir el traspaso de clientes a otras compañías del mismo grupo o con socios comunes. Estas medidas buscan evitar que las eléctricas 'pirata' sigan operando bajo nombres diferentes tras una primera sanción, práctica que había sido recurrente en años anteriores. El endurecimiento normativo también contempla sanciones por no pagar los costes del sistema eléctrico, reforzando la solvencia financiera del sector.
