Denuncia de Ecologistas en Acción contra Puy du Fou
Ecologistas en Acción Castilla‑La Mancha ha exigido el cierre total o parcial del parque temático Puy du Fou en Toledo. La organización sostiene que la falta de garantías sanitarias hace imposible confiar en la gestión del parque y del Gobierno regional.
La petición se produce después de que el propio parque admitiera haber enterrado animales dentro de su recinto y despidiera a tres responsables. La ONG califica la situación como "oscura y lamentable" y asegura que la medida es necesaria para proteger la salud pública.
Detalles de la denuncia y motivos
El parque confirmó que, durante una investigación interna, se descubrieron restos de animales enterrados en el interior del recinto. Como consecuencia, tres altos cargos fueron cesados de sus funciones. La empresa argumentó que la medida buscaba corregir errores operativos y evitar nuevas irregularidades.
Ecologistas en Acción acusa al parque de ocultar la información y critica la actuación del Gobierno regional, a quien considera incapaz de supervisar adecuadamente el sitio. La ONG ha anunciado que está ultimando una denuncia penal que será remitida a los Juzgados de lo penal y a cualquier otro órgano competente.
En una declaración, la portavoz de la organización afirmó: "Es imposible confiar en la gestión del Gobierno regional y de la empresa mientras persistan estas prácticas". La denuncia incluye, entre otros cargos, presuntas infracciones sanitarias y la falta de transparencia en la gestión de los restos animales.
Posibles consecuencias y próximos pasos
La denuncia será presentada ante los Juzgados de lo penal en los próximos días. Ecologistas en Acción también ha exigido al Consejero de Fomento de Castilla‑La Mancha, Ignacio Herrando, que ofrezca disculpas y cese sus críticas a los denunciantes.
El consejero, que había señalado que las acusaciones eran exageradas, aún no ha respondido públicamente a la solicitud de la ONG. Mientras tanto, la administración regional está revisando los informes sanitarios del parque y evaluará la necesidad de imponer sanciones o medidas cautelares.
Si la denuncia avanza, el parque podría enfrentarse a la suspensión de actividades, multas significativas o incluso al cierre definitivo. La presión de la sociedad civil y la posible intervención judicial hacen que el caso sea relevante para los ciudadanos que visitan el parque y para la gestión de espacios turísticos en la comunidad.
En cualquier caso, la controversia pone de relieve la importancia de la vigilancia sanitaria en instalaciones de ocio y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las autoridades para evitar riesgos a la salud pública.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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