Sumar y socios del PSOE retiran su defensa a Zapatero tras auto judicial

Retiro de la defensa a Zapatero

Ayer, tras la publicación del auto de 88 páginas del juez Calama, Sumar y los partidos socios del PSOE retiraron su defensa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La decisión se tomó en el pleno del Congreso, donde los parlamentarios tuvieron acceso al documento completo. El giro de postura pone en entredicho la estrategia de apoyo que habían mantenido durante la semana anterior.

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, había defendido a Zapatero el día previo, calificando la investigación de posible "lawfare". En menos de 24 horas, Gabriel Rufián y otros socios de la coalición anunciaron que su apoyo ya no era viable. La ruptura ha generado tensiones internas que podrían afectar la cohesión del gobierno de coalición.

Detalles de la ruptura y demandas de regulación

Enrique Santiago, diputado de IU y portavoz adjunto de Sumar, afirmó "Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente" y añadió que el caso evidencia la necesidad de regular las actividades de los ex presidentes. Santiago subrayó que la falta de claridad del auto obliga a crear normas más estrictas. Su intervención ha sido citada como punto de partida para una posible reforma legislativa.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís dentro de Sumar, criticó la opacidad del documento y declaró "no es normal que ex presidentes trabajen en empresas que asesoran a multinacionales para influir en la administración pública". Ibáñez señaló que la ausencia de explicaciones claras vulnera la confianza ciudadana. Por su parte, Àgueda Micó, también de Compromís, admitió que "no está tan claro que haya lawfare", pero pidió mayor transparencia.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se sumó al llamado a la regulación al decir "el auto no pinta bien para Zapatero". Belarra indicó que la coalición debe presentar una propuesta concreta para evitar futuros casos similares. Otros diputados del grupo han exigido reformar el estatuto que regula la actividad de los ex mandatarios.

Posibles repercusiones políticas y legales

El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una presión creciente para ofrecer explicaciones y definir una postura oficial. Si el Parlamento aprueba una reforma del estatuto de ex presidentes, el Ejecutivo podría ver debilitada su mayoría. La medida también podría convertirse en un referente para otras investigaciones sobre ex mandatarios.

Expertos legales advierten que el auto podría abrir la puerta a nuevas averiguaciones sobre otros expresidentes. El portavoz de ERC, tras leer el documento, manifestó "también tengo ojos en la cara" y cuestionó la imparcialidad del proceso judicial. La percepción pública de la justicia y del propio gobierno está en juego.

Se espera que el debate se traslade a la próxima sesión de control al Gobierno, donde se solicitará al presidente Sánchez un plan de acción. La respuesta del Ejecutivo determinará si la coalición logra superar la crisis interna o si se profundizan las divisiones. En cualquier caso, el caso Zapatero ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la rendición de cuentas de los antiguos mandatarios.