Apoyo del Gobierno a Zapatero condicionado a la investigación
El presidente Pedro Sánchez reiteró este miércoles en el Congreso que el Gobierno mantiene su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación el 1 de junio. Sin embargo, el respaldo está supeditado a que aparezcan pruebas documentales que demuestren su participación en los delitos investigados. La decisión se basa en la lectura del auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que, según Sánchez, no contiene indicios suficientes para condenar al expresidente.
En privado, fuentes del Ejecutivo admiten que el apoyo se limita a lo que se conoce hasta el momento y que la investigación sigue siendo "embrionaria". La postura oficial evita calificar el caso como una "guerra sucia judicial" y se centra en la necesidad de que la justicia aporte pruebas claras antes de cualquier medida política.
Detalles de la imputación y la postura oficial
Zapatero ha sido imputado por cuatro delitos vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra: presunto tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad documental y apropiación indebida. El auto judicial no incluye documentos que lo incriminen directamente en el tráfico de influencias ni evidencia de su participación en un entramado societario.
El Gobierno, a través del portavoz, subrayó que la ausencia de pruebas documentales en el auto obliga a condicionar su apoyo. "No podemos respaldar una acusación sin pruebas concluyentes", declaró el portavoz. Esta postura ha generado reacciones diversas entre los socios de coalición. Mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufian, y la líder de Podemos, Ione Belarra, han suavizado su discurso, el lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha calificado la imputación de "muy grave" y ha pedido explicaciones sin prejuzgar el proceso.
Próximos pasos y posibles repercusiones
Zapatero comparecerá ante el juez el 2 de junio para ofrecer su versión de los hechos. La citación se produce sin que el auto contenga pruebas documentales, lo que refuerza la posición del Gobierno de esperar a la comparecencia para valorar su postura.
Los socios parlamentarios que habían insinuado un posible "lawfare" contra Zapatero están revisando su discurso tras la lectura del auto. En una entrevista, Feijóo acusó al Gobierno de "complicidad" y sugirió una moción de censura, aunque la falta de pruebas ha enfriado la iniciativa (Feijóo acusa al Gobierno…).
Si el 2 de junio aparecen pruebas contundentes, el Gobierno podría verse obligado a retirar su respaldo y enfrentar una crisis interna. En caso contrario, la posición de Sánchez podría consolidarse, manteniendo la estabilidad de la coalición y evitando una escalada política que afecte a la agenda legislativa.
La ciudadanía observa con atención, pues la resolución del caso Plus Ultra podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los expresidentes y la independencia del poder judicial en casos de alto perfil.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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