Feijóo acusa al Gobierno de complicidad en la imputación de Zapatero
Alberto Núñez Feijóo declaró este miércoles que los delitos imputados a José Luis Rodríguez Zapatero no podrían haberse cometido sin la complicidad del Consejo de Ministros. La afirmación se produjo durante un foro organizado por el periódico económico *Expansión. Feijóo señaló que el auto del juez José Luis Calama constituye "un salto" en los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo.
"No son conductas individuales, son estructuradas y con comunicación permanente con altos cargos del Gobierno", enfatizó el líder del PP. Añadió que el expresidente actuó como "negociador en nombre del Gobierno para mantener la investidura". La declaración se dio a conocer antes de la comparecencia que el 2 de junio debe tener Zapatero ante el juez.
Feijóo explicó que su discurso forma parte de una estrategia para reforzar la posición del PP de cara a las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2026. Según él, la imputación abre una ventana para que la oposición cuestione la legitimidad del actual gobierno.
Detalles de la imputación y la postura del PP
El juez José Luis Calama emitió un auto de imputación contra Zapatero por presunta presión para el rescate económico de la aerolínea venezolana a cambio de una comisión. La investigación indica que el expresidente habría solicitado al Ejecutivo la autorización de una ayuda de sin la debida justificación.
Según el escrito judicial, la comisión pactada rondaría los 30 millones de euros, una cifra que, según el juez, evidencia una operación coordinada entre Zapatero y altos cargos del Gobierno. El PP describió el auto como "un salto" y exigió la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez.
En la sesión de control del Congreso, Feijóo reiteró que el caso no es "un hito más", sino una prueba de que el Gobierno podría haber facilitado la operación. El PP aún no ha presentado formalmente una moción de censura, aunque ha dejado abierta la posibilidad.
Vox, aliado del PP, ha reclamado ya la presentación inmediata de la moción. El PP, por su parte, advierte que una iniciativa prematura podría resultar en un "fiasco" por falta de apoyos suficientes. La postura oficial del partido es esperar el momento preciso para actuar, evitando arriesgar la mayoría parlamentaria.
El PSOE respondió defendiendo la inocencia de Zapatero y calificando la imputación de "un ataque político". Unidas Podemos pidió que se respeten los cauces judiciales y que el Gobierno colabore con la investigación.
Encuestas preliminares muestran que la opinión pública está dividida: un 42 % considera que el caso podría desestabilizar al Gobierno, mientras que un 35 % lo ve como un intento de la oposición de desviar la atención de otros escándalos.
Posibles escenarios tras la declaración de Feijóo
Si el PP decide presentar la moción de censura, el Gobierno tendría que defenderse en una votación que podría depender de los cuatro votos que le restan a la coalición. En caso de derrota, se abriría la puerta a nuevas negociaciones para la formación de un gobierno alternativo.
Por otro lado, el Gobierno podría intentar reforzar su posición solicitando la comparecencia de Sánchez ante el juez para demostrar su desconocimiento de los hechos. La comparecencia de Zapatero el 2 de junio será clave para definir la dirección del debate.
Una defensa sólida de Zapatero podría debilitar la presión del PP, mientras que una confesión parcial fortalecería la acusación de complicidad. Los analistas advierten que la situación genera incertidumbre en la estabilidad de la legislatura y podría afectar la agenda económica del país.
En el plano judicial, la imputación abre la posibilidad de que Zapatero enfrente una pena de hasta ocho años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, según la normativa vigente.
Para el PP, el caso representa una oportunidad de consolidar su mensaje anti‑corrupción antes de la campaña electoral. Sin embargo, el riesgo de una moción fallida podría erosionar la credibilidad del partido.
En cualquier escenario, la noticia ha encendido el debate sobre la responsabilidad colectiva del Ejecutivo en casos de corrupción. Los ciudadanos esperan claridad y respuestas, mientras los partidos maniobran para proteger sus intereses. La evolución del caso Plus Ultra seguirá siendo uno de los focos principales del panorama político español en los próximos días.
