Concesión del tercer grado a los etarras Olarra y Zabalo
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha autorizado el tercer grado penitenciario a Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia, ambos recluidos en la cárcel de Martutene. La decisión, comunicada el 27 de mayo, se basa en la normativa del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite la progresión cuando el interno cumple ciertos requisitos de conducta.
Olarra, exjefe del aparato militar de ETA, ya podía acceder a la medida desde el año pasado por haber cumplido la parte efectiva de sus condenas, que suman más de 2.000 años. En el caso de Zabalo, la autoridad vasca concedió el tercer grado el 21 de febrero de 2025, revocado luego por la Fiscalía, pero reinstaurado ahora tras una nueva valoración.
Detalles de la medida y reacciones de Covite
La concesión se sustenta en la normativa que exige la elaboración de un plan de reinserción y la ausencia de conductas violentas recientes. Sin embargo, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la califica de "fraudulenta" porque, según su comunicado, no se ha exigido a los presos un arrepentimiento real, público y verificable.
"Exigimos el arrepentimiento sincero y la dimisión de la consejera de Justicia, María Jesús San José, por permitir esta medida", declaró Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite. La asociación ha presentado recursos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, solicitando la revocación de los terceros grados y la apertura de un proceso de investigación por posible amnistía encubierta.
Posibles consecuencias y recursos legales
Covite ha pedido a la Fiscalía que recurra la decisión ante la Audiencia Nacional, argumentando que la medida vulnera la jurisprudencia reciente que ha revocado el artículo 100.2 en casos como el de Soledad Iparragirre y José Ramón Carasatorre. Si el recurso prospera, la medida podría ser anulada y los internos devueltos a régimen ordinario.
La polémica también repercute en la política de reinserción del Gobierno Vasco, que ha defendido la medida como parte de un proceso de pacificación y reconciliación. La oposición política y varios sectores sociales exigen una revisión del criterio de arrepentimiento, temiendo que se convierta en una "amnistía de facto".
Esta controversia se inserta en un contexto más amplio de debates sobre la gestión de la seguridad y la justicia en el País Vasco, como se analiza en la nota sobre Aeropuertos Canarias: el Estado propone una cogestión al estilo vasco, que muestra la influencia de la política vasca en otras áreas.
En los próximos días se esperan decisiones judiciales que definirán si los recursos de Covite tendrán éxito. La situación mantiene la atención de la ciudadanía, que sigue demandando claridad y rigor en la aplicación de los derechos penitenciarios a los condenados por terrorismo.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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