Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha demostrado que PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, pagó 145.200 € a Análisis Relevante SL y 300.000 € a Deluxe Fortune en 2020. Los pagos fueron realizados por el empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, fallecido en febrero, y están vinculados al llamado "Grupo Zapatero".

Pagos de la petrolera estatal venezolana al Grupo Zapatero y Aldama

Documento judicial con el auto que cita a Zapatero como investigado
Documento judicial con el auto que cita a Zapatero como investigado

Los fondos se canalizaron a través de dos sociedades españolas, Softgestor SL y Apamate Corporate and Trust SL, ambas controladas por Carlos Parra Delgado. Julio Martínez Martínez, alias "Julito", y Víctor de Aldama, ambos cercanos al ex‑ministro José Luis Rodríguez Zapatero, fueron los beneficiarios finales. Los pagos fueron registrados en la contabilidad de las empresas pantalla sin que estas aparecieran como clientes habituales de PDVSA.

Cómo se canalizaron los fondos y quiénes aparecen en la trama

Según el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, Flores Suárez era el verdadero responsable de Softgestor y Apamate, pese a que su nombre no figuraba como administrador oficial. La estructura societaria permitía mover el dinero sin que apareciera la relación directa con la estatal venezolana. Softgestor gestionó pagos a otras compañías, entre ellas Bautista Managements LLC (100.957,85 €), Grupo Multiobras MM 77 CA (74.870 €) y FVF Operaciones Globales SL (46.374 €), esta última vinculada al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Andrés Giménez Ochoa.

Fotografía de la sede de PDVSA en Caracas
Fotografía de la sede de PDVSA en Caracas

Implicaciones y posibles desdoblamientos judiciales

El caso, que ya ha llevado a Zapatero a declarar ante el tribunal, podría derivar en procesos penales por blanqueo de capitales y financiación ilícita. Además, la exposición de una red de pagos dirigida por la administración de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez complica la relación bilateral, ya que España podría solicitar cooperación judicial a Venezuela para rastrear el origen de los fondos. "La existencia de sociedades pantalla controladas por un único individuo evidencia un intento deliberado de ocultar la procedencia de los recursos", señaló el magistrado Calama.

El desenlace judicial tendrá repercusiones tanto en la política interna española como en la percepción internacional de la gestión económica venezolana. Si se confirman los cargos, los implicados podrían enfrentar penas de prisión y multas, mientras que la denuncia reforzará la presión sobre el gobierno de Maduro para que mejore la transparencia de sus operaciones financieras.

Este caso subraya la vulnerabilidad de los sistemas financieros europeos frente a estructuras corporativas opacas y plantea la necesidad de reforzar los controles de origen de fondos procedentes de regímenes autoritarios.

Ana Gutierrez
Ana Gutierrez

Corresponsal Internacional

Corresponsal internacional con base en Bruselas. Experta en asuntos europeos.

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