El Tribunal Supremo de EE.UU autoriza la demanda

Havana Docks Corporation obtuvo el visto bueno del máximo tribunal estadounidense para exigir una indemnización por los muelles de La Habana que fueron nacionalizados en la década de 1960. El fallo se dictó el 21 de mayo de 2024 en Washington y sienta un precedente legal que abre la puerta a nuevas reclamaciones contra el Estado cubano.

Supremo EE.UU permite reclamaciones a Cuba por expropiaciones de los años 60

El máximo tribunal confirmó la demanda presentada por la empresa portuaria, señalando que la expropiación de sus instalaciones nunca fue compensada conforme a los acuerdos bilaterales de la época. La sentencia reconoce el derecho de la compañía a recibir una reparación económica, aunque aún falta determinar el monto exacto.

Detalles del fallo y fundamentos legales

El dictamen se basa en la Ley Helms‑Burton de 1996, que extiende la jurisdicción estadounidense a propiedades expropiadas por regímenes que violan derechos de inversores estadounidenses. Además, se invocó la Ley 851 de 1960, la normativa cubana que autorizó la nacionalización de 26 empresas estadounidenses, entre ellas los muelles de La Habana.

El tribunal sostuvo que la combinación de ambas leyes permite a los demandantes presentar reclamaciones en tribunales federales, incluso décadas después de los hechos. La decisión también confirmó que la falta de compensación constituye una violación de los tratados internacionales firmados entre EE.UU. y Cuba antes de la ruptura diplomática.

Contexto histórico breve de la nacionalización cubana

En 1960, tras la ruptura con Washington y la alineación con la URSS, el gobierno cubano promulgó la Ley 851, expropiando empresas estadounidenses que consideraba estratégicas. Entre los activos confiscados estaban refinerías, centrales azucareras y, crucialmente, el puerto de La Habana, gestionado por la Havana Docks Corporation desde 1949.

La medida marcó el inicio de una política de autarquía que transformó la economía de la isla y consolidó el carácter socialista de la revolución. En respuesta, EE.UU. impuso un embargo económico que permanece vigente, mientras que Cuba ofreció en los años 70 mecanismos de compensación a varios países, pero nunca a los Estados Unidos.

Posibles repercusiones y próximos pasos

El fallo podría desencadenar una ola de demandas similares de otras compañías que perdieron activos en la ola de expropiaciones cubanas. Analistas advierten que el Congreso estadounidense podría reforzar la aplicación de la Ley Helms‑Burton, ampliando el alcance de las sanciones contra Cuba.

En el plano diplomático, la decisión llega en medio de una ofensiva de la Casa Blanca que busca presionar a La Habana con nuevas restricciones económicas. Cuba, por su parte, ha reiterado que sus expropiaciones se realizaron bajo la Constitución de 1940 y el derecho internacional, y ha ofrecido nuevamente canales de negociación que EE.UU. ha descartado.

Si el proceso judicial avanza, el monto de la indemnización podría alcanzar cientos de millones de dólares, lo que incrementaría la presión sobre el régimen cubano y podría influir en futuras negociaciones bilaterales. Mientras tanto, la comunidad empresarial estadounidense observa con atención la sentencia, que marca un hito en la larga disputa sobre los bienes expropiados hace más de seis décadas.