Abogacía del Estado defiende la regularización de 549.596 inmigrantes ante el TS\n\nLa Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que no se suspenda el proceso de regularización iniciado por el Gobierno. El letrado del Ejecutivo sostiene que la medida genera beneficios humanos y económicos, y que *el daño sería superior al interés que se alega.\n\nEl Gobierno ha recibido solicitudes, de las que fueron admitidas a trámite. El abogado del Estado argumenta que paralizar el procedimiento provocaría un daño mayor que el que alegan los recurrentes.\n\n## Detalles del recurso y argumentos de ambas partes\n\nAsociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Hazte Oír, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid presentaron recursos pidiendo la suspensión cautelar. Alegan conflicto con la normativa europea y califican la medida de *fraude de ley.\n\nEl Estado rebate que los reglamentos son instrumentos complementarios de la ley y que el Real Decreto cumple con la normativa vigente. Cita el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2025 y el informe del Consejo Económico y Social para respaldar su posición.\n\nEn sus alegaciones, los recurrentes afirman que la regularización produciría y *perjuicios de imposible o muy difícil reparación. El letrado del Gobierno responde que la medida favorece la integración de personas con arraigo y que su paralización vulneraría derechos.\n\n## Próximos pasos y posibles consecuencias\n\nEl Tribunal Supremo deberá dictar una resolución que determinará si procede la suspensión cautelar. Una decisión favorable al Estado mantendría el proceso en marcha.\n\nDe aprobarse la suspensión, se paralizaría la tramitación de las solicitudes admitidas, lo que, según el Gobierno, aumentaría el riesgo de exclusión social. En caso contrario, la regularización continuaría, aportando al crecimiento del PIB y al abastecimiento de puestos de trabajo.\n\nLa sentencia del TS será decisiva para definir el ritmo de la política migratoria y para establecer precedentes sobre el uso de reglamentos en materias de inmigración. Los observadores esperan que el fallo influya en futuros debates parlamentarios.