Querella del conseller valenciano de Sanidad contra Diana Morant
El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, presentó ante el Tribunal Supremo una querella penal contra la secretaria general del PSPV‑PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La denuncia se formalizó el 20 de mayo y se basa en declaraciones realizadas por la ministra a principios de febrero.
Gómez había anunciado su intención de actuar tras la ausencia de Morant en el acto de conciliación convocado para el 2 de abril. La defensa del conseller consideró ese acto la última oportunidad para que la ministra rectificara públicamente las acusaciones que, según él, constituían calumnias.
Detalles del proceso y motivos de la denuncia
Morant acusó a Gómez el 4 de febrero de lucrarse con la privatización de la sanidad valenciana, señalando que "aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud". Al día siguiente, el 5 de febrero, reiteró la imputación, describiendo los hechos como "una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos".
En el escrito de solicitud de conciliación, la defensa de Gómez citó esas declaraciones como evidencia de "lucro personal indebido derivado del ejercicio de su cargo público, conductas corruptas vinculadas a la privatización de la sanidad y relación irregular y espuria con una empresa concreta del sector sanitario (Ribera Salud)".
La defensa argumenta que esas manifestaciones encajan plenamente en el delito de calumnias y que la falta de rectificación por parte de Morant justifica la acción penal. "No constituyen una crítica política genérica, una valoración ideológica ni una opinión amparada por la libertad de expresión, sino una imputación directa, personal y concreta de hechos delictivos", subraya el escrito.
Posibles consecuencias y próximos pasos judiciales
El caso seguirá su tramitación en el Tribunal Supremo, donde se decidirá si procede abrir una causa penal contra Morant. De confirmarse la acusación, la ministra podría enfrentarse a sanciones penales, civiles y un daño reputacional significativo.
Paralelamente, el PSPV‑PSOE mantiene su propia denuncia contra Marciano Gómez, la directora general del Grupo Ribera Salud, Sonia Hernández, y el gerente de la Clínica de Benidorm, Juan David Gómez. Esa denuncia, presentada en febrero ante la Fiscalía provincial de Valencia, señala conflictos de interés y presuntas irregularidades en la gestión del Departamento de Salud Elche‑Crevillent.
Si el Tribunal Supremo admite la querella, el proceso podría prolongarse varios meses, con audiencias preliminares y la posible designación de peritos. Ambas partes podrían llegar a acuerdos de desistimiento, aunque la defensa de Gómez ha dejado claro que la conciliación ya no está sobre la mesa.
El escenario político se complica: el PSPV‑PSOE, que defiende a Morant, deberá gestionar la presión interna y la percepción pública de un caso que involucra a dos figuras de alto nivel. Mientras tanto, la ciudadanía valenciana observa con atención, pues el conflicto gira en torno a la gestión de la sanidad pública y la posible influencia de la empresa privada Ribera Salud.
En caso de condena, Gómez podría enfrentar multas y, en el peor de los casos, penas de prisión por calumnias graves. Morant, por su parte, podría ser sancionada con inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas sustanciales, además de la pérdida de credibilidad política.
El proceso judicial servirá como referente para futuros conflictos entre autoridades regionales y nacionales, estableciendo límites claros sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los cargos públicos al hacer acusaciones.
Qué sigue para los implicados
El Tribunal Supremo tiene previsto admitir o rechazar la querella en los próximos días. Si la admite, se abrirá una fase de instrucción que incluirá la recopilación de pruebas, declaraciones de testigos y posibles peritajes financieros.
Mientras tanto, el PSPV‑PSOE sigue investigando los presuntos conflictos de interés de Gómez y de los directivos de Ribera Salud. La presión mediática y la expectativa de la población valenciana hacen que el desenlace del caso sea crucial para la confianza en la gestión sanitaria regional.
La resolución del proceso será observada por otras comunidades autónomas, que podrían replantear sus propios mecanismos de control sobre la privatización de la sanidad y la relación con empresas del sector. En cualquier caso, la querella marca un punto de inflexión en la disputa política entre la Generalitat Valenciana y el gobierno central.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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