Zapatero y el rescate de Plus Ultra de 53 millones
El pasado mes de abril, el Estado aprobó un paquete de ayuda de 53 millones de euros para la compañía aérea Plus Ultra, que se encontraba al borde de la quiebra. La operación fue gestionada por el Ministerio de Transportes bajo la supervisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Según la Fiscalía, el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero habría intervenido en la negociación. La medida fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de abril.
Los fondos provienen del Fondo de Reestructuración del Transporte Aéreo, creado en 2019 para apoyar a empresas estratégicas. En el marco de esa intervención, se habría pactado una remuneración equivalente al 1 % del total del rescate, es decir, alrededor de 530.000 €, que habría sido transferida a una cuenta vinculada al expresidente. La cifra ha sido confirmada por documentos presentados por la Fiscalía en la Audiencia Nacional.
Las autoridades argumentaron que sin la inyección de capital la compañía perdería más de 300 puestos de trabajo y se vería obligada a cerrar sus rutas internacionales, lo que afectaría la conectividad de varias regiones. La ayuda se justificó como una medida urgente para preservar el empleo y la competitividad del sector aéreo español.
Los investigadores afirman que la comisión se habría pactado a través de una sociedad pantalla creada en 2022, cuyo único accionista figuraba como representante de Zapatero. La transferencia se habría realizado en dos cuotas, una en mayo y otra en julio, ambas antes de que se publicara el informe de la Comisión de Auditoría del Estado. La sociedad pantalla, denominada *Servicios Estratégicos Zapatero S.L., no registró actividad comercial alguna y su contabilidad muestra una única transferencia de 530.000 €.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido a Zapatero, argumentando que la ayuda a Plus Ultra era una medida urgente para preservar empleos y que no existe evidencia de ilícitos. El portavoz del Gobierno, José Manuel Albares, ha reiterado que no hay indicios de delito y que la ayuda se realizó bajo los cauces legales establecidos. Sin embargo, varios portavoces del PSOE han pedido claridad, y el propio portavoz del grupo parlamentario ha solicitado la apertura de una comisión interna para revisar el caso.
Por su parte, la portavoz de la oposición, Macarena Olona, ha exigido la comparecencia inmediata de Zapatero ante el Congreso y ha anunciado una moción de censura si se confirma la irregularidad. Los sindicatos del sector aéreo, aunque apoyan la medida de rescate, han pedido una auditoría independiente para garantizar la correcta gestión de los recursos.
Posibles repercusiones políticas
La Fiscalía ha solicitado al juez de instrucción que autorice la apertura de diligencias preliminares contra Zapatero y los funcionarios implicados. El juez de instrucción, Juan Martínez, ha fijado el plazo de 30 días para decidir sobre la solicitud de apertura de diligencias, plazo que será crucial para la agenda judicial. De confirmarse la comisión, el caso podría derivar en una causa penal por prevaricación y apropiación indebida.
Dentro del partido, la polémica ha generado tensiones entre la dirigencia y las bases. Algunos diputados del ala progresista del PSOE, como Irene Montero, han pedido la suspensión de cualquier candidatura de Zapatero a cargos de representación del partido. Analistas señalan que la acusación podría erosionar la confianza del electorado tradicional del PSOE, especialmente en comunidades donde el voto socialista es clave para la próxima campaña.
Encuestas realizadas por el Centro de Estudios de Opinión indican que el escándalo ha reducido en un 4 % la intención de voto del PSOE en las regiones más competitivas. El riesgo electoral se traduce en una posible pérdida de escaños en el Congreso, lo que dificultaría la agenda legislativa de Sánchez. Además, la presión interna podría obligar a una reconfiguración del liderazgo del partido antes de las primarias de 2027.
Mientras se aguarda la decisión judicial, Zapatero ha declarado que la comisión corresponde a "un servicio de asesoría legítimo" y que colaborará con cualquier investigación. Se espera que la Audiencia Nacional emita su resolución preliminar en los próximos meses, fecha que será observada de cerca por los partidos y la ciudadanía.
