Asalto al Banco Central de Barcelona (1981)
El 23 de mayo de 1981 un grupo de alrededor de 24 asaltantes irrumpió en el Banco Central de Barcelona, ubicado en la Plaza de Catalunya, y tomó como rehenes a cerca de 300 personas. El asalto comenzó a las 9:14 y se prolongó 36 horas, hasta que las fuerzas de seguridad lograron liberar a los cautivos.
Los asaltantes, entre los que se encontraban varios guardias civiles, anunciaron desde una cabina telefónica la exigencia de un avión en Barajas y otro en El Prat para la fuga de los militares golpistas y de ellos mismos, amenazando con ejecutar a cinco rehenes cada hora si no se cumplían sus demandas. "Desde que extremistas de izquierda y derecha agitan en España para desestabilizar al gobierno democrático, en ocasiones es difícil decir cuál de los dos bandos está detrás de un ataque determinado" escribió la CIA en su informe.
Informe desclasificado de la CIA
Un documento Top Secret fechado el 26 de mayo de 1981, dos días después de concluido el asalto, fue desclasificado recientemente. Titulado "Los izquierdistas presionan al Gobierno", el informe fue elaborado por un analista de la CIA para el National Intelligence Daily y describía la situación española como una lucha entre extremistas de izquierda y derecha.
El informe señalaba que, según "fuentes gubernamentales", guardias civiles y miembros de la ultraderecha habían participado en el atraco. Además, la CIA valoró que el asalto había incrementado la presión de la izquierda sobre el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, intensificando la tensión entre los militares y el poder civil.
Contexto político y repercusión actual
El asalto se produjo tres meses después del intento de golpe del 23‑F, en un momento en que la joven democracia española mostraba vulnerabilidades. La presencia de militares y guardias civiles entre los agresores alimentó la sospecha de una motivación política más allá del robo.
Hoy, al cumplirse 45 años, el caso vuelve a la agenda pública. La publicación del informe de la CIA ha reavivado las peticiones de historiadores y partidos políticos para que se revisen los archivos judiciales y se esclarezca la responsabilidad de los implicados.
Los expertos advierten que una investigación exhaustiva podría ofrecer una visión más clara de los entresijos de la Transición y de cómo episodios como este influyeron en la consolidación de la democracia española.
El debate está abierto: ¿deberían abrirse nuevas diligencias judiciales? ¿Se revelarán más documentos secretos? La respuesta dependerá de la voluntad política y del interés de la sociedad por comprender plenamente uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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