Alerta de la OCU sobre fraude con tarjetas bancarias en compras online
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una guía que advierte del método en que los ciberdelincuentes vacían cuentas sin necesidad de robar la tarjeta física. La publicación, difundida esta semana, pretende que los usuarios reconozcan rápidamente el riesgo y actúen antes de sufrir pérdidas.
Según la OCU, las reclamaciones ante el Banco de España por problemas con tarjetas han aumentado de forma constante en los últimos años, y la mayor parte están vinculadas a operaciones fraudulentas en el comercio electrónico. Este incremento refleja la creciente sofisticación de los ataques basados en la copia o duplicado de datos de la tarjeta.
Cómo operan los ciberdelincuentes y qué exige la Ley de Servicios de Pago
Los delincuentes interceptan los datos de la tarjeta durante la fase de pago a distancia, reproduciéndolos para crear tarjetas virtuales o realizar compras online. En muchos casos la víctima ni siquiera percibe la transacción hasta que revisa el extracto bancario.
La Ley de Servicios de Pago obliga al banco a devolver el importe total de la operación no autorizada cuando la causa sea copia, duplicado o robo de datos. No se exige al usuario que asuma ningún coste en estos supuestos.
En los casos de pérdida o robo físico de la tarjeta, la normativa limita la responsabilidad del usuario a 50 € siempre que la comunicación de la pérdida se haga con la diligencia debida. Sólo si se demuestra negligencia grave el banco puede reclamar una cantidad mayor.
La OCU advierte que algunas entidades intentan eludir la devolución alegando que el cliente autorizó la operación, por ejemplo al introducir la clave recibida por SMS. Estas tácticas no están respaldadas por la legislación vigente.
Pasos recomendados para los usuarios y posibles consecuencias
Ante un cargo no reconocido, la OCU indica que el primer paso es bloquear la tarjeta mediante la línea telefónica de atención 24 horas que todas las emisoras ponen a disposición. A continuación, hay que comunicar la operación al banco y presentar una denuncia en la comisaría más cercana.
Una vez hecho el aviso, el usuario debe reclamar la devolución del importe. Si el banco se niega o dilata la respuesta, la OCU sugiere acudir al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad para exigir el cumplimiento de la Ley.
"El banco debe devolver el total de la operación no autorizada sin que el cliente tenga que pagar nada", subraya la OCU.
En caso de que el fraude haya ocurrido por pérdida o robo de la tarjeta, el usuario sigue siendo responsable solo por los 50 € que se puedan haber consumido antes de la comunicación. Sin embargo, la OCU recuerda que la negligencia grave puede ampliar esa cifra.
Para minimizar el riesgo, la organización recomienda adoptar medidas preventivas: usar contraseñas robustas, activar la autenticación de dos factores y revisar con frecuencia los movimientos de la cuenta.
La OCU también señala que la educación del consumidor es clave. Por ejemplo, la reciente ola de estafas en la compra de entradas online ha dejado cientos de víctimas que perdieron miles de euros; la guía incluye consejos específicos para reconocer sitios falsos y evitar phishing (Estafas compra entradas online se disparan).
Otra experiencia útil proviene de la Operación 'Scooby', que desmanteló una red de estafadores en Bizkaia y mostró la eficacia de la cooperación entre usuarios y autoridades (Operación 'Scooby').
En definitiva, la OCU insiste en que la rapidez en la comunicación y la firmeza al reclamar son esenciales para que el consumidor no sufra pérdidas económicas significativas.
Qué puede pasar a continuación
Si los usuarios siguen las recomendaciones de la OCU, es probable que la presión sobre los bancos aumente, obligándolos a cumplir con la devolución íntegra de los importes fraudulentos. La OCU prevé que, con mayor concienciación, el número de reclamaciones disminuirá y los ciberdelincuentes encontrarán menos oportunidades para operar.
Los lectores deben estar atentos a futuras actualizaciones de la guía y a posibles cambios legislativos que refuercen la protección del consumidor en el entorno digital.
