Amnistía Internacional, representada en España por su director Esteban Beltrán, presentó este jueves un informe con ocho recomendaciones para abordar la crisis de vivienda, coincidiendo con la campaña frente al Congreso y el tercer aniversario de la Ley de Vivienda 2023.
Crisis de vivienda España
La organización desplegó la campaña "Es más fácil entrar en la casita de Benito que conseguir una vivienda digna" en la puerta del Congreso, recordando la falta de cumplimiento de tratados internacionales y la insuficiencia legislativa posterior a la Ley de Vivienda. "No hay una vulneración más grave de derechos humanos que la vivienda en España", afirmó Beltrán.
Los precios de alquiler se han doblado en la última década, los alquileres de temporada han subido 232 % entre 2019 y 2024 y la vivienda social cubre apenas 1,71 % del parque, muy por debajo del 9 % europeo. Además, la edad media de emancipación se sitúa en 30 años, frente a los 24 años de la UE.
Recomendaciones vivienda
El informe detalla ocho medidas, entre ellas la incorporación de la normativa de alquiler de habitaciones, la regulación de la compra de segunda vivienda y la ampliación de la financiación pública. Beltrán señaló que varias propuestas ya están en el Congreso o aprobadas por comunidades autónomas y pueden implementarse de inmediato.
Amnistía exige un aumento de la inversión pública de vivienda al 0,5 % del PIB, muy por debajo del 1,2 % de la media europea, y propone la firma del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, que destina 7 000 millones de euros. La entidad también pide reforzar la protección jurídica y combatir la discriminación residencial, que afecta al 27,5 % de los encuestados.
Contexto crisis vivienda
El déficit habitacional se refleja en la escasa oferta de vivienda social, que ha crecido solo un 10 % desde 2020, pasando de 290.000 a 318.000 unidades. La presión de los alquileres turísticos, que representan el 10 % del mercado, agrava la falta de opciones asequibles.
A nivel demográfico, los jóvenes españoles se emancipan más tarde que sus pares europeos, y la percepción de discriminación en el acceso a la vivienda sigue siendo alta. Estos factores combinados generan una espiral de exclusión que amenaza la cohesión social.
El Gobierno deberá responder pronto a estas exigencias para evitar que la crisis se profundice. La presión de la sociedad civil y la visibilidad internacional pueden impulsar reformas que garanticen el derecho a una vivienda digna, un pilar esencial para la estabilidad del país.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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