Subida del alquiler en España: cifras clave de 2024
El informe del gabinete económico de Comisiones Obreras revela que los nuevos contratos de alquiler han subido un 37 % entre 2015 y 2024. Esa evolución ha provocado una pérdida media del 11 % del poder adquisitivo de las familias españolas y un 19 % en la Comunitat Valenciana.
En el resto del territorio la pérdida ronda el 11 % nacional, aunque regiones como Baleares, Málaga y Guadalajara registran incrementos superiores al promedio, con subidas del 48 %, 47 % y 44 % respectivamente.
Cómo y por qué se disparan los precios del alquiler
El crecimiento salarial acumulado en el mismo periodo ha sido del 26 %, muy por detrás del 37 % de los nuevos contratos y del 21 % de los alquileres ya existentes. La brecha salarial se traduce en una reducción del poder de compra de los inquilinos.
La normativa del IRAV solo limita los incrementos al 2 % en los contratos vigentes. Los nuevos contratos, salvo en zonas declaradas tensionadas, pueden subir libremente, lo que genera variaciones regionales pronunciadas.
Contexto del mercado de alquiler en España
El IRAV (Índice de Referencia de Alquiler de Viviendas) regula únicamente los contratos en vigor. Los nuevos contratos quedan fuera de ese techo, salvo en áreas designadas como tensionadas por las comunidades autónomas.
Esta brecha normativa ha permitido subidas superiores al 37 % a nivel nacional. En Baleares la cifra alcanza el 48 %, en Málaga el 47 % y en Guadalajara el 44 %. En contraste, Ceuta y Melilla, las provincias menos afectadas, registran incrementos del 17 % y 14 % respectivamente.
Posibles respuestas y próximos pasos
Amnistía Internacional* ha exigido al Gobierno que regule el alquiler de habitaciones y que adquiera vivienda usada para destinarlas al alquiler social. La presión social y política podría traducirse en una ampliación de las zonas tensionadas o en la revisión del IRAV para frenar los incrementos desproporcionados.
Solo Melilla, Extremadura y Ceuta logran que el aumento salarial supere al de los nuevos contratos, evitando la pérdida de poder adquisitivo. Si el Gobierno actúa, los inquilinos podrían recuperar parte de su capacidad de consumo y aliviar la tensión del mercado.
El escenario actual obliga a los inquilinos a destinar una mayor parte de sus ingresos al alquiler, reduciendo su capacidad de ahorro y consumo. La respuesta legislativa será decisiva para equilibrar la relación entre salarios y precios de la vivienda.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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