Victor Riera obliga a la Hacienda a modificar la normativa fiscal de funcionarios europeos
El despacho de Victor Riera, en Alicante, ha logrado que la Comisión Europea emita un dictamen motivado que insta al Ministerio de Hacienda a equiparar el trato fiscal de la vivienda habitual de los funcionarios de la UE y de los expatriados con el de los residentes españoles. El dictamen, firmado en Bruselas, constituye un ultimátum con plazo limitado para adaptar la legislación tributaria.
Detalles del caso y la carga fiscal actual
Riera explica que los funcionarios europeos son catalogados como no residentes y, por ello, deben pagar 19 % del 2 % del valor catastral de su vivienda cada año. En una casa con valor catastral de 200 000 €, la cuota anual supera los 800 €, y puede llegar a varios miles en inmuebles de mayor valor. Además, pierden la exención por reinversión al vender la vivienda, lo que obliga a tributar la ganancia patrimonial completa. Un ejemplo citado por el abogado muestra que la venta de una casa comprada por 200 000 € y vendida por 500 000 € implicaría un impuesto de 57 000 € sobre la plusvalía.
El Impuesto sobre el Patrimonio también afecta: mientras los residentes gozan de una exención de hasta 300 000 €, a los funcionarios se les computa la vivienda desde el primer euro, aumentando la carga neta.
Próximos pasos tras el dictamen de la Comisión Europea
El dictamen exige al Gobierno español que, antes del plazo fijado, modifique la normativa tributaria para eliminar la discriminación. De no hacerlo, la UE podría iniciar procedimientos por vulnerar la libre circulación de trabajadores y capitales, con posibles sanciones financieras.
Riera ya había elevado la denuncia a la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea (Taxud) en 2020, y la respuesta de los técnicos europeos fue catalogar la situación como "brutal". El dictamen actual refuerza esa valoración y abre la puerta a un proceso de adaptación legislativa que podría entrar en vigor en los próximos meses.
Esta decisión llega cuando Bruselas aprueba otras medidas de apoyo a España, como el mecanismo de capacidad de 9.000 M€ para evitar apagones y mantiene la presión sobre el país para cumplir con las normas comunitarias.
Qué implica para los contribuyentes
Los funcionarios europeos y los expatriados que residan en España podrían ver reducida su carga fiscal anual y recuperar la posibilidad de exención por reinversión al vender su vivienda habitual. La medida también simplifica la gestión tributaria, al eliminar la distinción entre residentes y no residentes en este ámbito.
En caso de que el Gobierno no actúe a tiempo, la UE podría iniciar un procedimiento de infracción que, además de sanciones económicas, dañaría la imagen de España como destino atractivo para talento internacional.
Conclusión
El dictamen de la Comisión Europea, impulsado por Victor Riera, marca un punto de inflexión en la política fiscal española respecto a los funcionarios de la UE. La adaptación normativa no solo evitará posibles sanciones, sino que también alineará a España con los principios de igualdad y libre circulación que rigen la Unión Europea.
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Editor de Economía
Economista y periodista especializado en mercados financieros y política monetaria europea.
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