Monjas de Sijena enfrentan nuevas demandas económicas
Las monjas de la Orden de San Juan, custodias del monasterio de Sijena, reciben esta semana dos requerimientos de pago que suman 880.000 €. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y la Generalitat de Aragón exigen, respectivamente, la devolución de dinero por piezas devueltas en 2016 y el abono de gastos de conservación de obras que fueron entregadas bajo mandato judicial.
El burofax enviado por el MNAC a Virginia Calatayud Aleixandre, última priora de la orden, reclama 89.000 € por 41 piezas que volvieron a Aragón hace ocho años. Al mismo tiempo, la Generalitat reclama 791.000 € a la Orden, al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y al Obispado de Barbastro‑Monzón por 56 piezas que aún están bajo disputa.
Detalles del litigio y la gestión de las obras de arte
El reclamo del MNAC se basa en la compra original de las 41 piezas, que fueron restituidas a la comunidad aragonesa tras una sentencia. El museo exige la devolución del importe abonado, argumentando que la devolución de los objetos no incluye la compensación económica ya pagada.
Por su parte, la Generalitat justifica su demanda de 791.000 € en los costes de adquisición, conservación y restauración de 56 obras que fueron trasladadas a Cataluña y luego devueltas por orden judicial. Entre los objetos destacan la caja sepulcral de Doña Isabel de Aragón y Monferrat y varios sepulcros de madera policromada del siglo XV.
Virginia Calatayud Aleixandre, quien dirigió la gestión patrimonial del monasterio durante décadas, es la figura central del proceso. Como priora y comisaria pontificia, fue la única autorizada para negociar la cesión y el retorno de las piezas, lo que la coloca en el centro de la controversia legal.
Posibles consecuencias y próximos pasos judiciales
Si las monjas no abonan los importes exigidos, el MNAC y la Generalitat podrían iniciar acciones judiciales para embargar bienes de la Orden. Un acuerdo extrajudicial también es viable, aunque requeriría la aceptación de todas las partes y la posible condonación de intereses.
El litigio podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las comunidades religiosas en la gestión de patrimonio cultural. Un fallo desfavorable para la Orden de San Juan implicaría no solo una carga económica significativa, sino también una mayor supervisión estatal sobre futuras transferencias de obras de arte vinculadas a instituciones religiosas.
Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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