Resumen de la decisión
El Gobierno valenciano publicó el lunes la inclusión de un nuevo criterio de "arraigo" en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2026. El texto limita el arraigo a la vinculación territorial continuada de los solicitantes con el municipio donde se ubica la vivienda pública. La iniciativa la promueve la Consejería de Vivienda, dirigida por Susana Camarero, y se aprobó tras el pacto fiscal entre PP y Vox.
La medida descarta la "prioridad nacional" que Vox exigía para el reparto de viviendas y ayudas sociales. En su lugar, el criterio de baremación prioriza a quienes mantengan un vínculo continuo con el municipio, y en caso de empate se decide por orden de inscripción.
Detalles de la norma y motivos políticos detrás de la medida
El anteproyecto establece que, en los procesos de adjudicación de viviendas construidas en suelo municipal mediante colaboración público‑privada, solo se considerará la vinculación territorial continuada para la puntuación de los solicitantes que cumplan los requisitos de acceso. "Se protege el derecho de los vecinos a seguir viviendo en su municipio", explicó la vicepresidenta Camarero.
Vox había condicionado su apoyo a las primeras cuentas a la inclusión de la "prioridad nacional" tanto en vivienda como en ayudas sociales. El Gobierno, sin embargo, rechazó esa exigencia, argumentando que la nueva regla responde a peticiones de varios alcaldes que ya exigen un mínimo de años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública. La normativa, por tanto, se presenta como una alternativa al nacionalismo de Vox, manteniendo el foco en la cohesión territorial.
