Leire Díez ofrece asesoría a agente imputado en el caso Koldo y propone puesto de alto cargo

Leire Díez, conocida como "la fontanera" del PSOE, habría propuesto al agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, asistencia legal y un cargo de asesor junto a la directora Mercedes González a cambio de datos que comprometan a altos mandos del cuerpo.

El supuesto acuerdo se habría gestado en dos encuentros celebrados el 10 de marzo de 2025 y el 26 de marzo de 2025, según el sumario instruido por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Leire Díez y la supuesta oferta de asesoría en el caso Koldo

En la primera reunión, Villalba afirma que Díez le indicó que hablaba en nombre del Gobierno y que necesitaban pruebas objetivas para atacar a la Guardia Civil. Le ofreció cubrir los gastos de su defensa y, a cambio, obtener información que permitiera una "purga" dentro del cuerpo.

Durante la segunda cita, según la declaración del agente ante la UCO, Díez habría reiterado la propuesta y mencionado que la directora Mercedes González estaba al tanto y esperaba un feedback inmediato.

Detalles de los encuentros y las propuestas

Villalba describe tres vías de colaboración que le fueron presentadas:

1. Contacto con la Fiscalía para entregar información que facilitara investigaciones contra la Guardia Civil.
2. Enlace con la Policía Nacional, con el objetivo de destapar hechos que la UCO no habría sacado a la luz.
3. Cargo de "mano derecha" de la directora, que implicaría acceso a la dinámica interna de la Guardia Civil y la posibilidad de influir en decisiones estratégicas.

El informe de la UCO señala que Díez mantuvo también varios encuentros con Mercedes González, quien, según el agente, mostraba "perplejidad" ante la situación interna del cuerpo y buscaba una forma de intervenir.

Posibles repercusiones judiciales y políticas

El sumario ya contempla la apertura de nuevas diligencias para esclarecer si la oferta constituye un delito de cohecho o de prevaricación. De confirmarse, los implicados podrían enfrentar sanciones penales y la pérdida de sus cargos públicos.

Políticamente, la noticia pone en entredicho la credibilidad del Gobierno, que tendría que responder a preguntas sobre la supuesta implicación de un alto cargo del PSOE en una maniobra de presión sobre la Guardia Civil. La oposición ya ha anunciado que exigirá una comparecencia del presidente para aclarar el alcance de la supuesta "purga".

En caso de que el juez Pedraz estime que existen indicios suficientes, se podrían iniciar procesos contra Leire Díez y, potencialmente, contra la directora González, lo que desencadenaría una crisis institucional que afectaría la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad y en el Ejecutivo.

El caso sigue bajo investigación y los próximos pasos dependerán de los informes periciales y de la valoración judicial de las pruebas aportadas por la UCO.