Sumar registra la iniciativa en el Congreso
El miércoles Sumar presentó en el Congreso una proposición de ley que prohíbe a los expresidentes de Gobierno ejercer cargos en empresas privadas de sectores estratégicos durante 10 años después de dejar el cargo. La medida también suprime la pensión vitalicia del Estado si el exdirigente recibe ingresos por otras actividades. La presentación la realizaron el ministro de Cultura Ernest Urtasun, la portavoz Verónica Martínez Barbero y el portavoz adjunto Enrique Santiago.
Detalles de la propuesta: restricciones y condiciones
La iniciativa elimina la pensión vitalicia únicamente cuando el expresidente percibe retribuciones de actividades distintas a la pensión. Además, reforma tres normas del estatuto de los expresidentes para establecer la prohibición de empleo en empresas de energía, telecomunicaciones, defensa y otros sectores considerados estratégicos. La propuesta incluye un control de cumplimiento a través del Tribunal de Cuentas y prevé sanciones de hasta €500.000 por infracción.
«Esta ley cierra una brecha que ha permitido a exmandatarios influir en áreas clave de la economía», afirmó Urtasun durante la presentación. La medida cuenta con el apoyo de la mayoría del grupo parlamentario, aunque algunos partidos la consideran excesiva.
Contexto del caso Zapatero que motivó la iniciativa
La propuesta surge tras la imputación del ex‑presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal vinculados al rescate de la empresa venezolana Plus Ultra. La investigación, que ha generado gran expectación pública, reveló supuestos contactos entre Zapatero y empresarios del sector energético.
Este caso reavivó el debate sobre la necesidad de regular la actividad post‑gubernamental. Como señaló la portavoz de Sumar, la reforma busca evitar conflictos de interés y proteger la integridad de la función pública.
Repercusiones y próximos pasos
La proposición de ley será debatida en la comisión de Interior y posteriormente en el Pleno del Congreso. Si se aprueba, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Mientras tanto, la medida ha generado reacciones en la oposición y en la sociedad civil. Organizaciones de transparencia aplauden la iniciativa, mientras que algunos exmandatarios advierten sobre limitaciones a la libertad de trabajo. En cualquier caso, la discusión está abierta y marcará el rumbo de la normativa sobre la actividad de los expresidentes.
Para entender mejor el impacto político de esta reforma, consulte el análisis de Sumar reaviva el choque con el PSOE para desviar la agenda de corrupción y la cobertura del conflicto interno en ERC: Salvador critica a Rufián por sus exigencias de candidatura 2027.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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