Telefónica solicitó el 2 jun 2024 a la justicia estadounidense que se haga efectivo el laudo de 430,3 M€ que el Estado colombiano le debe tras un arbitraje iniciado en 1994. La petición busca obligar a Colombia a cumplir con la sentencia del comité ad hoc del CIADI, que desestimó el recurso del país por no presentar la garantía financiera exigida. La medida se produce mientras la empresa española refuerza su posición ante posibles retrasos en el pago.
El tribunal de EE. UU. revisará la solicitud bajo la normativa de ejecución de laudos internacionales, que permite embargar activos ubicados en territorio estadounidense. De aprobarse, la autoridad judicial ordenará el cobro inmediato de la cuantía principal, los intereses y las costas. En caso contrario, Telefónica podría iniciar acciones de embargo sobre propiedades colombianas en Estados Unidos.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia legal que la compañía ha venido desarrollando desde que obtuvo el laudo definitivo en noviembre de 2024, cuando el arbitraje le concedió 379,8 M USD más intereses del 5 % y costas. La empresa ha reiterado que el incumplimiento de Colombia vulnera los principios de trato justo y equitativo en materia de inversiones.
Detalles del arbitraje y motivos del incumplimiento
El conflicto se originó cuando Telefónica inició un procedimiento de mediación contra Colombia en 2018, alegando que el Estado había adoptado medidas que dañaron sus inversiones en la filial Colombia Telecomunicaciones. El panel arbitral, compuesto por tres miembros, dictaminó en 2018 que la empresa tenía derecho a una compensación por los perjuicios sufridos.
En noviembre de 2024, el tribunal arbitral confirmó la sentencia, fijando la suma de 379,8 M USD más intereses compuestos del 5 % y costas judiciales. Colombia intentó suspender el pago mediante un recurso de nulidad ante el CIADI, pero el comité ad hoc desestimó el recurso porque el Estado no presentó la póliza de garantía financiera dentro del plazo de 30 días exigido por las reglas del procedimiento.
La ausencia de la garantía se consideró una omisión técnica grave, lo que dejó sin efecto cualquier intento de Colombia de retrasar el desembolso. "Colombia ha incumplido sus obligaciones internacionales y debe pagar sin dilaciones", declaró el portavoz de Telefónica en un comunicado oficial.
El laudo de 430,3 M€ corresponde al valor actualizado de la sentencia original, convertido a euros al tipo de cambio vigente, e incluye los intereses acumulados desde la fecha del fallo. Este importe supera los 500 millones de dólares inicialmente reclamados por la empresa.
Posibles repercusiones y próximos pasos
Si la justicia estadounidense autoriza la ejecución, Colombia deberá abonar la cuantía principal, los intereses y las costas en un plazo breve, bajo la supervisión de la autoridad competente. El pago se efectuaría mediante transferencia de fondos a cuentas controladas por Telefónica en territorio estadounidense.
En caso de que la autoridad estadounidense rechace la solicitud, la empresa ha advertido que iniciará procedimientos de embargo sobre activos colombianos, como inmuebles y participaciones en empresas registradas en EE. UU. Estos embargos podrían afectar directamente a sectores estratégicos de la economía colombiana.
La decisión también podría sentar un precedente para futuros litigios de inversores extranjeros contra estados latinoamericanos, reforzando la credibilidad de los mecanismos de arbitraje internacional. Observadores señalan que la medida podría influir en la percepción de riesgo país, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales Colombia 2026.
Para Telefónica, la ejecución del laudo representa no solo la recuperación de una deuda histórica, sino también una señal de que la empresa está dispuesta a defender sus derechos en cualquier jurisdicción. La compañía ha reiterado su compromiso con la defensa de sus inversiones y ha subrayado la importancia de respetar los acuerdos internacionales.
En el plano político, la disputa llega en un momento delicado para el gobierno colombiano, que enfrenta presiones internas y externas para demostrar estabilidad financiera. La resolución del caso podría aliviar parte de la tensión, pero también podría generar críticas si se percibe como una vulneración de la soberanía nacional.
Por su parte, Telefónica ha mantenido su postura de que el cumplimiento del laudo es una obligación legal y moral del Estado colombiano, y ha indicado que seguirá explorando todas las vías legales disponibles para asegurar el pago. La empresa también ha señalado que continuará monitoreando la evolución del caso y mantendrá informados a sus accionistas.
En última instancia, la ejecución del laudo podría marcar el fin de una larga disputa que se remonta a más de tres décadas, cerrando un capítulo que ha consumido recursos y tiempo tanto para la empresa como para el Estado. La comunidad empresarial y los analistas seguirán de cerca la decisión judicial, ya que sus consecuencias podrían repercutir más allá de las fronteras de Colombia y España.
