Auditoría forense de la Generalitat revela irregularidades y despilfarro
La interventora Amparo Adam y el viceinterventor Ignacio Pérez publicaron el 4 de junio, en la Conselleria de Hacienda, la auditoría forense del sector público instrumental (SPI) firmada en marzo. El informe muestra graves fallos en la contratación y gestión de recursos en la administración autonómica. Entre los hallazgos destaca que siete entidades recibieron bienes y servicios sin expediente de contratación, resaltando el Hospital General de Valencia (118,5 M€), el General de Castellón (25,5 M€) y la Feria Valencia (8,1 M€).
Detalles de las irregularidades detectadas
El documento contabiliza 11 138 contratos menores por un valor de 34,2 M€ y 60 328 gastos sin expediente que suman 157,7 M€. Estas operaciones se realizaron fraccionando necesidades recurrentes para eludir los procedimientos obligatorios, vulnerando los artículos 29.8 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Veinticinco entidades no presentaron declaraciones de conflicto de interés, incumpliendo el artículo 64 de la misma ley. En todas las universidades se detectó uso intensivo de contratos menores; la Politécnica de Valencia registró , equivalentes al 59 % del total de sus contrataciones. En el apartado de personal, el SPI cuenta con , 2 591 más que en 2023, lo que eleva el gasto en pese a la promesa de reducir la "grasa administrativa". Además, se señalaron sin la autorización presupuestaria requerida.
