Geolocalización de Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) confirmó que el 10 de diciembre de 2024 rastreó el teléfono móvil de Leire Díez, conocida como la «fontanera de Ferraz», dentro del edificio del Instituto Armado, sede de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. La localización se realizó mientras se investigaban sus desplazamientos, y los datos aparecen como los primeros elementos que vinculan a Díez con la directora general Mercedes González.
El atestado indica que, al llegar a la sede, Díez se reunió con la directora y con otras personas vinculadas a la trama que se está desentrañando. La información se incorpora al sumario que dirige el juez Santiago Pedraz, quien lleva adelante el llamado "caso Leire".
Detalles de los encuentros y la presunta trama
El mismo día, según el informe de la UCO, Leire Díez sostuvo una reunión con el empresario Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes. Durante la conversación, Díez declaró su confianza en Mercedes González y su falta de confianza en el ministro del Interior Fernando Grande‑Marlaska.
"En principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil… es de mi confianza", afirmó Díez en los mensajes que la UCO ha incorporado al expediente. Asimismo, manifestó que transmitiría al capitán Yepes una serie de demandas a la directora.
Los presentes en la reunión también discutieron la supuesta influencia de la directora en investigaciones policiales y judiciales que afectan al entorno cercano del presidente Pedro Sánchez. La UCO señala que los intercambios sugieren una coordinación para desactivar averiguaciones que podrían perjudicar a miembros del PSOE.
Posibles consecuencias judiciales
El sumario, bajo la dirección de Santiago Pedraz, podría ampliarse con nuevas imputaciones contra Mercedes González y los demás implicados. La juez ya ha considerado que la directora habría compatibilizado su cargo con la Secretaría General del PSOE de Madrid durante los primeros cinco meses de su mandato, lo que alimenta sospechas de una doble función.
Si el juzgado decide que la información intercambiada por Díez y sus acompañantes constituye un intento de manipular la Guardia Civil, podrían añadirse cargos de prevaricación, cohecho y asociación ilícita. La ampliación del caso también abriría la puerta a investigar a otros altos cargos del interior del partido que pudieran haber facilitado la trama.
Qué implica para el lector
Este hallazgo de la UCO refuerza la percepción de que el entorno de Pedro Sánchez podría estar involucrado en una red de influencias dentro de la Guardia Civil. La posible imputación de la directora Mercedes González pondría en entredicho la independencia de la institución y podría desencadenar reformas en los mecanismos de control interno.
Para los ciudadanos, el caso representa una prueba más de la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los altos cargos públicos. La evolución del proceso judicial será seguida de cerca por la opinión pública, que espera respuestas claras sobre la supuesta colusión entre la política y la seguridad del Estado.
Próximos pasos
El juzgado de instrucción continuará recabando pruebas y escuchará a los testigos señalados en el atestado. Se espera que en los próximos meses la Fiscalía presente una acusación formal contra los implicados, lo que podría derivar en juicios que pongan fin a la polémica.
Mientras tanto, la UCO mantiene la vigilancia sobre los movimientos de Leire Díez y de los demás sospechosos, con el objetivo de evitar cualquier intento de obstrucción de la justicia.
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Corresponsal Política
Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.
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