La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, una solicitud formal para que autorice la investigación de seis cuentas bancarias vinculadas al PSOE. La medida se produce tras la aparición de nueva información que sugiere que dichos movimientos podrían estar relacionados con la trama investigada en el llamado *caso Leire.
En el escrito presentado, la UCO argumenta que los pagos detectados podrían haberse canalizado a través de campañas publicitarias en Cataluña, beneficiando a los miembros de la red dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez. La solicitud incluye, además, la petición de datos tributarios y bancarios de otras entidades y personas vinculadas al partido para los ejercicios 2024‑2025.
Detalles de los pagos y la petición de información adicional
El foco de la investigación recae sobre dos operaciones concretas. La primera es un desembolso de 18 125 € registrado en 2024 entre Iki Group Communications SL y el medio digital Crónica Libre, fundado por Leire Díez. La segunda consiste en un presunto pago de 20 000 € que el PSOE habría efectuado a la misma entidad mediante una tercera agencia, bajo la rúbrica de campaña publicitaria.
Los agentes de la UCO también han señalado que, durante el requerimiento al PSOE la semana pasada, se identificaron operaciones comerciales con otra sociedad del grupo Iki, Iki Media Solutions SL, que forma parte de un conglomerado de cinco sociedades bajo la marca Squirrel Media.
Para esclarecer la procedencia y destino de estos importes, la UCO ha solicitado al juez que se oficie a la Agencia Tributaria y a los bancos involucrados, a fin de obtener toda la información bancaria y tributaria del PSOE, del PSC, de Zaño Consultores, de Gaspar Zarrías, del letrado Ismael Oliver, del abogado Jacobo Teijelo, y de los propios grupos Iki y Crónica Libre.
Posibles consecuencias y próximos pasos judiciales
Si el magistrado Pedraz concede la autorización, la UCO podrá profundizar en las relaciones económicas entre el PSOE, el PSC y el Grupo Iki, lo que podría derivar en nuevas actuaciones penales contra los presuntos beneficiarios de la trama. La investigación abarcaría los movimientos y saldos de las cuentas solicitadas desde 2024 hasta la actualidad, incluyendo el caso del abogado Ismael Oliver, que tiene 62 cuentas a su nombre, y el exlíder socialista Zarrías, con once cuentas entre personales y de su consultora.
El juez dispone de varios días para resolver la petición. En caso de aceptar, los peritos judiciales podrán requerir a los bancos la entrega de los extractos y a la Agencia Tributaria los datos de facturación y declaraciones de los sujetos investigados. La medida ampliaría el alcance de la pesquisa, que hasta ahora se había centrado en la supuesta manipulación de procesos judiciales mediante campañas mediáticas.
"La autorización de estas diligencias es esencial para determinar si los recursos del PSOE se desviaron a la trama de Leire", declaró el portavoz de la UCO en una rueda de prensa.
Qué implica para el lector
La decisión del juez afectará directamente la percepción pública del PSOE y del PSC, dos de las formaciones políticas más influyentes en España. Un eventual hallazgo de irregularidades podría traducirse en sanciones económicas, procesos judiciales y un daño reputacional que influiría en la confianza de los votantes. Además, la investigación subraya la creciente vigilancia de los órganos judiciales sobre la financiación de partidos y la posible colusión con medios de comunicación.
En los próximos días, los ciudadanos podrán seguir de cerca la evolución del caso a través de los comunicados oficiales y las resoluciones judiciales, que determinarán si la UCO podrá continuar con sus pesquisas y qué consecuencias legales se derivarán para los implicados.
