Fiscalía de Budapest retira cargos al alcalde por la Marcha del Orgullo tras sentencia del TJUE

Resumen de la decisión judicial

La Fiscalía de Budapest anunció este jueves la retirada de los cargos penales contra Gergely Karácsony, alcalde de la capital húngara, por haber organizado la Marcha del Orgullo de 2025 a pesar de la prohibición impuesta por el anterior gobierno de Viktor Orbán. La resolución se produce en el mes del Orgullo y cierra un proceso que se inició en junio de 2024. La medida ha sido recibida con alivio por activistas y por la ciudadanía que había seguido el caso durante meses.

Según el comunicado oficial, la decisión se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de abril, que declaró ilegal la llamada 'ley de defensa de los menores' utilizada para bloquear la manifestación. La Fiscalía explicó que, al no poder sostener los cargos bajo una norma declarada contraria al derecho de la Unión, procedió al archivo del expediente. La Fiscalía también señaló que revisará otros casos similares que pudieran derivarse de la misma normativa.

Motivos y proceso judicial

El fallo del TJUE sostuvo que la normativa húngara vulnera los principios de libertad de reunión y de no discriminación consagrados en los tratados comunitarios. La sentencia obligó a los Estados miembros a respetar el derecho de los colectivos LGTBI a manifestarse sin restricciones arbitrarias. El tribunal subrayó que cualquier restricción debe ser proporcional y justificada, algo que la legislación húngara no cumplía.

Tras la sentencia, la Fiscalía de Budapest revisó los expedientes y constató que la evidencia presentada contra Karácsony y los organizadores de Pécs no podía sostenerse bajo la nueva interpretación jurídica. En consecuencia, los procesos penales fueron archivados sin que se impusieran multas ni sanciones. Los fiscales concluyeron que la acusación carecía de base legal y que continuar el proceso vulneraría el principio de legalidad.

Contexto político

La polémica se originó en la llamada 'ley de defensa de los menores', aprobada por el gobierno de Viktor Orbán entre marzo y abril de 2025. La norma permitía al Ejecutivo prohibir cualquier evento que, según su redacción, pudiera afectar el desarrollo de menores, y se utilizó para vetar la 30ª edición de la Marcha del Orgullo en Budapest. La medida fue defendida por el gobierno como una protección necesaria contra la 'ideología de género' que, según ellos, pone en riesgo a los menores.

A pesar de la prohibición, entre 200.000 y 400.000 personas acudieron a las calles, convirtiendo la manifestación en la mayor concentración LGTBI de la historia de Hungría y en la más numerosa protesta por derechos humanos desde la caída del Telón de Acero. El hecho evidenció la creciente resistencia de la sociedad civil frente a la agenda conservadora del gobierno. La masiva participación también puso de relieve la brecha entre la política oficial y la opinión pública, que cada vez muestra mayor tolerancia hacia la diversidad sexual.

Posibles repercusiones

Organizaciones como Amnistía Internacional y varias ONG locales han aplaudido la decisión judicial y han exigido al nuevo Parlamento, electo el 12 de abril, que derogue las disposiciones restrictivas de la Ley de Reunión y elimine los artículos de la Ley Fundamental que limitan la libertad de expresión y asociación. Los legisladores de la oposición han presentado una moción para iniciar el proceso de reforma antes de que concluya la actual legislatura.

El nuevo primer ministro, Péter Magyar, ha asegurado que no impondrá trabas a la próxima Marcha del Orgullo, programada para finales de junio. Si el Parlamento aprueba reformas, Hungría podría alinearse nuevamente con los estándares europeos en materia de derechos LGTBI, aunque los partidos opositores advierten que la presión internacional será clave para garantizar cambios estructurales. Los observadores internacionales seguirán de cerca la evolución del debate, ya que Hungría podría enfrentar sanciones adicionales si persisten las violaciones de derechos.