Leire Díez apuesta una comida a que la UCO filtró los mensajes entre Ábalos y Sánchez

De la Hoz, al recibir la información, pidió a Díez que la remitiera a González para que opinara. Díez respondió que ya lo había hecho y reiteró su apuesta. Dos días después, el 11 de mayo, volvieron a intercambiar mensajes sobre la segunda publicación, y De la Hoz comentó que "parece una filtración de Ábalos" y que "no creo que Koldo tenga nada que ver".

Sin embargo, el mismo día, José Aníbal, abogado de Ábalos, contestó a Díez asegurando que su cliente no había sido la fuente de la filtración. "Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO", escribió. A pesar de esta negación, Díez siguió manteniendo la hipótesis de la filtración por parte de la UCO en conversaciones posteriores, incluso cuando De la Hoz le recordó la apuesta: "Dile a tu amiga que te debe más que una comida, la comida de todo un año".

El sumario de la UCO también incluye pruebas de al menos tres reuniones entre Díez y González (30 sep 2024, 20 dic 2024 y 2 abr 2025) y varias llamadas telefónicas, lo que refuerza la percepción de una relación cercana entre ambas.

Posibles repercusiones judiciales y seguimiento del caso

El juez Santiago Pedraz lleva el caso en la Audiencia Nacional y ha incorporado al sumario los intercambios de WhatsApp, las pruebas de llamadas y los registros de reuniones. Si se confirma que la UCO filtró información confidencial, podría enfrentarse a sanciones por vulnerar el secreto de sumario y a posibles responsabilidades penales.

Además, la contradicción entre la versión de Díez y la del abogado de Ábalos abre la puerta a nuevas diligencias para determinar la verdadera fuente de la filtración. La Fiscalía Anticorrupción ya ha instado a Pedraz a avanzar en la investigación, según se indica en la noticia Fiscalía Anticorrupción exige a Pedraz avanzar en la investigación de las cloacas del PSOE.

En caso de confirmarse la culpabilidad de la UCO, se podrían abrir procedimientos disciplinarios contra Mercedes González y otros funcionarios implicados, además de posibles demandas civiles por los daños ocasionados a los involucrados. Por su parte, Leire Díez podría enfrentar sanciones por el uso indebido de información confidencial y por presunta manipulación de testigos, como se había señalado en su imputación anterior.

El desarrollo de este caso seguirá siendo vigilado de cerca, ya que implica a figuras de alto nivel del Gobierno y a la propia Guardia Civil, dos instituciones cuya credibilidad está en juego.

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