Guerra abierta entre Gobierno y jueces en Francia por el caso Lyhanna

Emmanuel Macron reconoció este miércoles ante el Consejo de Ministros los "fallos" en la gestión del caso de la menor de 11 años, Lyhanna, cuyo cuerpo fue hallado en una granja abandonada del sur de Francia la semana pasada. El presidente advirtió contra la "precipitación y la demagogia" y subrayó la necesidad de respetar a los jueces. La magistratura, a través del Consejo Superior del Poder Judicial, exigió la dimisión del ministro de Justicia Gérald Darmanin y convocó a 60.000 manifestantes a los tribunales de todo el país el lunes pasado.

Detalles de la crisis institucional y de las denuncias

El Consejo Superior del Poder Judicial denunció una crónica falta de recursos: 70.000 denuncias que afectan a menores están pendientes, mientras que en 2025 sólo tres fiscales atendieron 10.000 casos. La sobrecarga ha generado desconfianza pública, insultos y amenazas de muerte contra el personal judicial, según el sindicato de magistrados. En una reunión urgente, Darmanin pidió a 36 fiscales generales revisar esas denuncias, pero la falta de medios impide ejecutar las instrucciones. La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, respondió que la renuncia del ministro no borraría los errores que reveló la muerte de Lyhanna, cuyo presunto autor, Jérôme Barella, había sido denunciado en 2025 por violar a una niña de 10 años.

Posibles consecuencias políticas y judiciales

El escándalo pone en jaque la ambición presidencial de Darmanin para 2027. El proyecto de ley de justicia penal, que incluía medidas de protección infantil, fue rechazado en el comité parlamentario con 58 % de votos en contra, lo que debilita aún más su posición. La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun‑Pivet, pidió una introspección sistémica y evitó buscar chivos expiatorios. Mientras tanto, figuras como Dominique de Villepin proponen crear una fiscalía especial para delitos sexuales contra menores, y Marine Le Pen aprovecha la polémica para exigir una revisión del funcionamiento judicial.

La pugna entre Ejecutivo y magistratura amenaza con transformar la crisis judicial en un tema central de la campaña presidencial de 2027. Si el Gobierno no logra reforzar recursos y restaurar la confianza, la presión popular podría traducirse en cambios estructurales o en la caída de figuras clave como Darmanin.

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Ana Gutierrez
Ana Gutierrez

Corresponsal Internacional

Corresponsal internacional con base en Bruselas. Experta en asuntos europeos.

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