Cierre judicial de Vive Madrid: la Audiencia Nacional clausura el mayor prostíbulo de la capital

Contexto breve: Operación Pompeya y antecedentes del caso

Vive Madrid ya había sido objeto de la Operación Pompeya, una investigación iniciada en 2022 que persiguió a una treintena de implicados por presunto fraude fiscal mediante pagos con tarjeta bancaria. Esa causa sigue pendiente de juicio y sentó las bases para la actual diligencia, que amplía el espectro de delitos investigados.

El Juzgado Central de Instrucción nº 1, bajo la dirección del magistrado Francisco de Jorge, tomó el control del caso al considerar que los hechos superan la competencia de la Fiscalía de Madrid. La investigación secreta se centra en la supuesta organización de una red de explotación y en la gestión de fondos ilícitos, lo que ha llevado a la inclusión de un teniente coronel de la Guardia Civil, identificado como J.L.G.M., entre los investigados.

Posibles desarrollos y consecuencias para las trabajadoras

Los próximos pasos incluyen la presentación de la acusación formal y la apertura del juicio contra los responsables del local. Mientras tanto, la clausura deja a 160 trabajadoras sin su fuente de ingresos y a 50 empleados sin empleo, generando incertidumbre sobre su situación laboral y social.

Algunos analistas advierten que el juzgado podría autorizar una reapertura bajo estrictas condiciones de supervisión, aunque nada garantiza esa vía. En cualquier caso, el cierre supone un golpe directo a la economía informal de la zona y plantea preguntas sobre la regulación de la prostitución en Madrid.

El futuro de Vive Madrid dependerá de la resolución judicial y de la capacidad de las trabajadoras para organizarse y reclamar sus derechos. La protesta del miércoles muestra la resistencia del sector y la demanda de una solución que no implique la desaparición del trabajo sexual, sino su regulación y protección.

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