PSOE reafirma su apoyo a Zapatero tras su declaración ante el juez Calama

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que retire el pasaporte de Zapatero, que le prohíba salir del país sin autorización y que establezca comparecencias quincenales ante el juzgado. La medida busca evitar posibles riesgos de fuga y garantizar la disponibilidad del investigado durante la fase de instrucción.

Posibles consecuencias y próximos pasos judiciales

El juez Calama debe decidir si acoge las peticiones de la Fiscalía. En caso afirmativo, Zapatero quedaría impedido de viajar al extranjero y tendría que presentarse cada 15 días en la Audiencia Nacional. La medida no implica una acusación formal, pero sí una restricción significativa de su movilidad.

Si el juez rechaza la solicitud, el expresidente mantendrá su plena libertad de desplazamiento, aunque seguirá bajo investigación. La decisión del magistrado será clave para determinar el ritmo y la intensidad del proceso, que aún está en fase de instrucción.

El PSOE ha advertido que cualquier restricción a Zapatero será vista como una presión política y ha reiterado su compromiso de defender el derecho a un proceso con garantías. El partido también ha pedido que la Justicia actúe con independencia y sin presiones externas.

Qué puede pasar a continuación

La Fiscalía continuará recopilando pruebas y ampliando la investigación sobre el caso Plus Ultra. La audiencia de Zapatero es solo una de varias diligencias previstas, y podrían programarse nuevas comparecencias de testigos y peritos.

Mientras tanto, el PSOE mantendrá su postura de apoyo, lo que podría influir en la percepción pública del caso y en la dinámica interna del partido. Los ciudadanos, por su parte, seguirán atentos a cualquier avance que pueda esclarecer la participación del expresidente en el rescate de la aerolínea.

La resolución del juez Calama será el próximo hito relevante, y su contenido determinará si Zapatero enfrentará restricciones de viaje y comparecencias regulares o si el proceso seguirá sin medidas cautelares adicionales. En cualquier caso, la noticia refuerza la atención sobre la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de Derecho en España.