Hacienda revela facturación de 4,4 millones de euros de la pareja de Ayuso y Rodríguez pide que se dinamite la Agencia Tributaria

Miguel Ángel Rodríguez ataca a la Agencia Tributaria en defensa de la pareja de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, publicó este jueves un tuit en el que calificó a la Agencia Tributaria de "debería ser dinamitada". El mensaje llegó tras la publicación del informe de Hacienda que detalla la facturación de la pareja de la presidenta. Rodríguez utilizó la red social para desacreditar al organismo fiscal y defender a Alberto González Amador.

Detalles del informe de Hacienda y la facturación a Quirón Prevención

El informe de la Agencia Tributaria muestra que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 mediante sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. Los datos revelan un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y 1,4 millones en 2023. Hacienda detectó "indicios de simulación" y catalogó a una de las empresas como "pantalla". Además, la Unidad Central Operativa (UCO) concluyó que una de sus compañías carecía de los medios necesarios para prestar los servicios declarados. Según el informe, la facturación se realizó a través de supuestos servicios de consultoría que la propia UCO consideró imposibles de ejecutar.

Según el informe de Hacienda cifra facturación a Quirón de 4,4 millones de euros y reabre la investigación, la Agencia solicitó al juez que suspenda el procedimiento inspector contra González Amador mientras se esclarecen los indicios de corrupción y administración desleal. La UCO ya había advertido sobre la irregularidad en la facturación de la empresa vinculada a la pareja de Ayuso (UCO advierte sobre facturación irregular de empresa vinculada a la pareja de Ayuso).

Posibles repercusiones legales y políticas

Hacienda ha pedido al juez que suspenda el procedimiento inspector, argumentando que los hechos podrían estar vinculados a la causa penal en la que González Amador está imputado por delitos de corrupción y administración desleal. Si el juez accede, la investigación fiscal se paralizará mientras se decide si los indicios justifican una investigación penal más profunda.

El ataque de Rodríguez a la Agencia Tributaria complica la ya tensa relación entre el gobierno regional y la administración central. Un posible endurecimiento de la fiscalización podría afectar a futuros contratos con la sanidad pública, donde Quirón Prevención recibe fondos de la Comunidad de Madrid. La evolución del caso será seguida de cerca por la oposición, que exige claridad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

En caso de que el procedimiento se mantenga, la pareja de Ayuso podría enfrentarse a sanciones económicas y, en el peor escenario, a procesos penales que impactarían su credibilidad política. La ciudadanía, ya escéptica ante los escándalos de corrupción, espera una resolución que garantice la transparencia y el buen uso del dinero público.