La interferencia del Banco Central Europeo en asuntos que no son de su incumbencia es un tema recurrente. En el ámbito de la política energética, su presidenta, Christine Lagarde, ha expresado su preocupación por las medidas gubernamentales destinadas a proteger a los hogares del aumento de los precios del gas. Según Lagarde, estas medidas podrían descontrolar la inflación si los hogares perciben que los costes están subiendo demasiado. Sin embargo, esta postura es contradictoria y refleja la tendencia del BCE a entrometerse en asuntos que no son de su competencia.
El jueves pasado, Francia anunció medidas concretas para ayudar a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Próximo. Por ahora, este enfoque es más específico que el de España, que busca reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las facturas de electricidad. En un discurso reciente, Lagarde argumentó que las autoridades deberían aprender de la subida de precios de 2022 que las políticas gubernamentales específicas pueden ayudar a suavizar el impacto en los hogares con rentas más bajas. Sin embargo, advirtió que las medidas de base amplia y de duración indefinida podrían aumentar la demanda.
Según la propia lógica de Lagarde, es difícil entender cómo dirigir las ayudas solo a los pobres reduciría el traspaso del coste de la energía a otros precios más que medidas generales como los topes de precios, las tarifas bloqueadas o las rebajas fiscales. La economía no está tan al rojo vivo como en , lo que sugiere que la demanda adicional creada por subsidios generales contribuiría poco a la inflación. El BCE está ahora centrado en cómo los grandes aumentos repentinos de los costes cambian la mentalidad de las empresas y de los trabajadores.
