EE. UU imputa a Raúl Castro por asesinato y Cuba lo tacha de canalla

Imputación de EE. UU a Raúl Castro y respuesta de Cuba

El Departamento de Justicia de EE. UU presentó ayer una acusación penal contra el ex presidente cubano Raúl Castro Ruz, imputándolo de asesinato y conspiración por el derribo de dos avionetas civiles en febrero de 1996. La medida llega días después de la intervención militar estadounidense en Venezuela y se inscribe en una hoja de ruta que Washington ha venido trazando en la región. Cuba respondió calificando la acusación de "canalla" y "cínica", y denunció la falta de legitimidad y jurisdicción del tribunal estadounidense. En un comunicado oficial, el gobierno de Miguel Díaz‑Canel acusó a EE. UU de usar el caso como "un acto despreciable e infame de provocación política" y reiteró que la isla no reconocerá la autoridad del proceso judicial norteamericano.

Detalles del caso y argumentos de ambas partes

Según la Fiscalía estadounidense, el ataque se habría ejecutado bajo órdenes directas de Raúl Castro, quien entonces era vicepresidente del Consejo de Estado y jefe del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Los fiscales sostienen que el objetivo era eliminar a miembros del grupo anticastrista "Hermanos al Rescate", que operaba desde Miami y había violado el espacio aéreo cubano en múltiples ocasiones entre 1994 y 1996. Cuba, por su parte, argumenta que las avionetas fueron parte de una campaña de intrusiones ilegales y hostiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano citó más de 25 denuncias formales presentadas ante el Departamento de Estado, la FAA y la OACI, describiendo los vuelos como "crímenes de ejecuciones extrajudiciales". En su defensa, La Habana invocó la Carta de la ONU, el Convenio de Chicago de 1944 y los principios de soberanía aérea para justificar la respuesta militar.

Implicaciones y posibles desdoblamientos

La acusación podría profundizar la fractura diplomática entre Washington y La Habana, complicando cualquier intento de normalización que haya surgido recientemente, como la propuesta de Marco Rubio de iniciar un proceso de elecciones libres a cambio de la retirada de militares cubanos (EE. UU propone elecciones libres y retiro militar en Cuba). Además, la medida abre la puerta a posibles sanciones económicas o a la presentación de una demanda civil en tribunales estadounidenses contra la ex autoridad cubana. Expertos advierten que, si EE. UU decide llevar el caso a juicio, podría generar un precedente legal que afecte a otros líderes latinoamericanos acusados de actos similares. Por otro lado, La Habana podría responder con contramedidas diplomáticas, como la expulsión de diplomáticos o la intensificación de su campaña de presión en foros internacionales. En cualquier caso, la polémica vuelve a colocar a Cuba en el centro del tablero geopolítico de la región, mientras la población cubana sigue enfrentando apagones y dificultades económicas.

El desenlace de este proceso judicial será observado de cerca por ambos bandos y por la comunidad internacional, que buscará determinar si la acusación se traduce en una nueva fase de confrontación o si, por el contrario, impulsa una renegociación de las relaciones bilaterales.