España, un país con una larga trayectoria de subvencionar el uso de combustibles fósiles a pesar de las advertencias sobre su impacto ambiental, ha decidido incrementar su apoyo económico para paliar el aumento de precios provocado por la reciente escalada del conflicto en Irán. Estas ayudas, consideradas perjudiciales para el medio ambiente, se otorgan en un contexto en el que el país se encuentra a la cola de la Unión Europea en cuanto a impuestos verdes.
La guerra en Irán ha provocado un aumento en el precio del petróleo y el gas, lo que ha llevado al gobierno español a implementar medidas para mitigar el impacto en la economía. Sin embargo, esta decisión ha sido cuestionada por expertos y organizaciones ambientales, que argumentan que estas ayudas no solo son regresivas sino que también dificultan la transición hacia una economía más sostenible.
España lleva décadas otorgando importantes bonificaciones para el uso de combustibles fósiles, pese a las recomendaciones de organismos internacionales para reducir estas subvenciones. Según datos de Eurostat, en 2024, los impuestos verdes en España representaron solo el 1,61% del PIB, muy por debajo de la media europea que supera el 2%.
En la Unión Europea, hay países que destacan por su elevada carga impositiva verde, como Grecia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Rumanía, Finlandia y Dinamarca. Por otro lado, solo Suecia, República Checa, Malta, Irlanda y Luxemburgo tienen impuestos verdes más bajos que España.
El investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3, Mikel González-Eguino, especialista en fiscalidad verde, afirma que «la bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización». González-Eguino sostiene que estas medidas «son muy costosas para las arcas públicas y benefician proporcionalmente más a las rentas altas», además de no incentivar la transición energética.
