El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha denunciado la aplicación de un doble rasero en la validación de decretos-leyes por parte del órgano de garantías, dependiendo de quién los promueva. En un voto particular, Macías critica la 'obsequiosa deferencia' que se emplea con el Gobierno de la Nación, liderado por Pedro Sánchez, y los múltiples decretos-leyes que aprueba, mientras se aplica un 'rigor extremo' a los decretos-leyes aprobados por gobiernos autonómicos.
El voto particular de Macías se refiere concretamente a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un decreto-ley del Gobierno balear presidido por Marga Prohens, del Partido Popular. El decreto-ley en cuestión fue aprobado para rectificar una ley que había sido aprobada con un error de votación, lo que permitió la aprobación de una treintena de enmiendas que en realidad se pretendía rechazar.
La sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional evaluó si los motivos aducidos por el Gobierno balear para aprobar el decreto-ley se ajustaban al presupuesto habilitante para adoptar estas normas, que consiste en la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Aunque el Gobierno balear justificó la aprobación del decreto-ley por la necesidad de corregir un 'error humano, público y notorio' producido durante la votación parlamentaria, el Pleno del Constitucional concluyó que los motivos aducidos no pueden considerarse una situación de extraordinaria y urgente necesidad en el sentido establecido en el artículo 86 de la Constitución.
En su voto particular, Macías recuerda que el Constitucional ha afirmado que las razones de seguridad y certidumbre jurídicas, junto con el amplio ámbito personal de afectación de la norma, la envergadura de los intereses económicos o la naturaleza de los derechos comprometidos, son justificación de la necesidad para acudir al decreto-ley. Macías considera que el objetivo del decreto-ley no consistía en enmendar la plana al Parlamento balear, sino en evitar que los ciudadanos padecieran las consecuencias de una situación jurídica no razonable.
