La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido una resolución que autoriza a proveedores mayoristas de telecomunicaciones a suspender servicios técnicos a Silbö Telecom debido a impagos continuados. Esta decisión responde a un conflicto de acceso provocado por la falta de pago de facturas por el uso de redes de fibra y telefonía móvil.
La CNMC ha determinado que Aire Networks, empresa mayorista controlada por el fondo de capital riesgo francés Ardian, tiene el respaldo legal para retirar el acceso a sus infraestructuras a Silbö Telecom. El cese de servicios mayoristas se llevará a cabo después de un mes y quince días desde la notificación formal de la resolución. En cuanto a las conexiones de fibra óptica (FTTH), la desconexión está programada para el 4 de mayo de 2026.
La crisis financiera de Silbö Telecom comenzó a manifestarse en junio de 2025, cuando la operadora empezó a incurrir en impagos sistemáticos. Aire Networks solicitó medidas provisionales para mitigar el perjuicio económico, incluyendo la migración forzada de abonados hacia sus propias plataformas. Sin embargo, el regulador optó por autorizar la desconexión total, dejando en manos de Silbö la comunicación con sus clientes y la gestión de sus derechos de portabilidad.
Silbö Telecom irrumpió en el mercado de telecomunicaciones en marzo de 2024 bajo la dirección de Jorge Morán, antiguo directivo de Finetwork. La compañía fue respaldada por un grupo de 11 socios fundadores que aportaron un capital inicial de 20 millones de euros. La estrategia de crecimiento acelerado se basó en la inversión publicitaria masiva y el patrocinio deportivo de alto perfil, incluido un acuerdo con la para patrocinar a la Selección Española de fútbol hasta 2028.
Pese a los objetivos fundacionales de captar 1,2 millones de líneas en cuatro años y abrir 250 establecimientos físicos, la realidad operativa mostró signos de agotamiento financiero a mediados de 2025. Los distribuidores denunciaron retrasos en los pagos de comisiones, coincidiendo con el inicio de impagos a proveedores de red.
En junio de 2025, Silbö anunció un acuerdo estratégico con Vodafone para migrar su base de clientes y transformarse en un Operador Móvil Virtual (OMV) completo. Sin embargo, este movimiento no logró estabilizar el flujo de caja.
La resolución de la CNMC confirma que, además de Aire Networks, el mayorista Suma (perteneciente al Grupo MásOrange) también solicitó el corte de suministro por impagos acumulados desde septiembre de 2025. La falta de respuesta de Silbö a los requerimientos de información del regulador durante la instrucción fue determinante en la decisión final.
La CNMC sostiene que no existe una obligación legal para los operadores de red de soportar una situación de impago prolongado, especialmente cuando el deudor no ofrece garantías de pago ni planes de viabilidad creíbles.
Aire Networks, demandante en este conflicto, es uno de los principales habilitadores de telecomunicaciones en España. La compañía fue adquirida en 2022 por Ardian, una firma de inversión privada global.
La resolución de la CNMC se ampara en la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones para resolver estos conflictos, garantizando que el cese del servicio se realice de forma ordenada para minimizar el impacto sobre el interés general.
La normativa exige que Silbö informe a sus clientes con al menos 30 días de antelación sobre el cese definitivo de la cobertura, permitiéndoles migrar sus números a otras operadoras sin coste adicional.
La situación actual de Silbö Telecom es de práctica inactividad comercial. En diciembre de 2025, la compañía retiró de su portal web la oferta comercial diversificada de fibra y televisión, sustituyéndola por una única modalidad de pago anual para telefonía móvil.
La desaparición de Silbö del mercado pone de relieve la vulnerabilidad del modelo de smart cost cuando no se dispone de infraestructura propia ni de una estructura de costes equilibrada frente a campañas de captación de clientes agresivas.
La resolución de la CNMC pone fin a la vía administrativa, aunque Silbö dispone de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, los analistas consideran improbable que una medida cautelar judicial pueda revertir el proceso de desconexión antes de que los clientes abandonen la plataforma.
