El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha decidido reabrir una demanda presentada por un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) contra el Estado belga por su respuesta ante los crímenes de guerra y posibles genocidios cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Aunque la reapertura del caso se centra en un aspecto específico de la petición original, los demandantes consideran que constituye un avance significativo. Los jueces no solo afirman tener competencia para evaluar si Bélgica actuó con la debida diligencia para evitar un posible genocidio, sino que también concluyen que el país no cumplió con sus obligaciones durante el conflicto en Gaza.
Las ONG que presentaron el caso esperan que esta decisión siente un precedente para que otros países firmantes de las convenciones internacionales de derechos humanos sean llevados ante la justicia por no tomar medidas contra las acciones de Israel en Gaza. 'Esta decisión histórica en el ámbito del derecho internacional reconoce la posibilidad de que un juez nacional condene al Estado por incumplimiento de sus obligaciones internacionales de impedir la comisión de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones graves de los Convenios de Ginebra', celebran las ONG en un comunicado conjunto.
La clave de esta decisión radica en la argumentación presentada por los jueces, quienes recuerdan que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) en La Haya solicitó a Israel el 26 de enero de 2024 que adoptara 'medidas inmediatas para garantizar que su ejército no viole la convención sobre el genocidio'. Sin embargo, Bélgica tardó más de un año en convocar una reunión para analizar la cuestión de la exportación de armas y material militar a Israel. Además, cuando la denuncia de las ONG llegó al tribunal de primera instancia en septiembre, Bélgica aún no había tomado 'ninguna medida vinculante'.
