El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han acordado un protocolo para implementar un sistema de reparación para víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. A partir del 15 de abril, las víctimas podrán iniciar un procedimiento ante Justicia que culminará con una propuesta del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Este modelo mixto incluye reparaciones económicas, simbólicas y restaurativas.
La reparación busca abordar las múltiples dimensiones del daño sufrido por las víctimas, evitando su revictimización. El Defensor del Pueblo ha destacado la importancia de este enfoque integral. Esta nueva vía está diseñada para casos en los que ya no es posible recurrir a la justicia ordinaria. Además, las víctimas que ya participaron en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) impulsado por la Iglesia en 2024 podrán acogerse a este modelo.
La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones, cuyo monto será revisado y fijado por el Defensor del Pueblo. No se han establecido cifras, baremos ni horquillas para las indemnizaciones. El presidente de la CEE, Luis Argüello, ha destacado que se trata de una propuesta integral sin cifras ni límites. La colaboración entre instituciones será clave en este proceso.
El Ministerio de Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación para recibir solicitudes y coordinar el proceso. El contará con un equipo de expertos independientes que evaluarán cada caso de forma individual. La , a través de la Comisión Asesora del PRIVA, emitirá un informe preceptivo sobre cada valoración de reconocimiento de la condición de víctima y reparación.
