A pesar de que el Gobierno ha decidido reducir la jornada laboral de los funcionarios de la Administración central a 35 horas semanales, todavía hay un largo camino por recorrer en muchas grandes ciudades españolas. Según un recuento elaborado por nuestro periódico, 21 de 56 grandes ciudades españolas consultadas aún no han establecido la jornada de 35 horas para sus empleados municipales.
La reducción de la jornada laboral ha sido un tema candente en España durante años. En 2015, las horas pactadas en el empleo público se han reducido el doble que en el privado. El principal sindicato de España especializado en funcionarios, CSIF, ha estado presionando para que se reduzca la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas.
En la primera quincena de abril, Función Pública instaurará este reparto del tiempo de trabajo para unos 250.000 empleados de la administración central, jornada que ya aplica para buena parte de los funcionarios autonómicos y locales. Sin embargo, no todas las ciudades han adoptado esta medida.
Los trabajadores municipales de las dos ciudades más pobladas del país, Madrid y Barcelona, ya cuentan con las 35 horas semanales, que aún no han llegado al ayuntamiento de la tercera, Valencia (37,5). Entre las otras siete ciudades con más habitantes, en Zaragoza, Sevilla, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria rigen las 35 horas.
También trabajan 37 horas y media en Vigo, Vitoria, Albacete, Castellón, Salamanca, Cáceres o Teruel. En estas localidades los sindicatos aún no han logrado que los gobiernos municipales reduzcan la jornada a 35 horas, como sí han hecho en Bilbao, Valladolid, Gijón, Granada, Badajoz, Guadalajara o Zamora.
Unas pocas localidades disponen jornadas de unas 36 horas, como Jaén o L'Hospitalet de Llobregat. De los 56 municipios analizados, la jornada de 35 horas rige para los empleados municipales del 60% de ellos.
En otro 30% los empleados públicos locales trabajan 37 horas y media. Si el análisis se circunscribe a las 50 capitales de provincia, en 31 se trabajan 35 horas; en 16, 37 horas y media; y tres quedan a medio camino.
Cabe destacar que estos datos están repletos de matices, que las cifras planteadas son las más habituales en cada una de las plantillas, pero que algunos cuerpos municipales tienen otros esquemas.
Por ejemplo, hay varios municipios en los que la policía local tiene una jornada algo más larga, como en Tarragona: ellos trabajan 37 horas y media y el resto de trabajadores municipales, 35.
También es frecuente que parte de la jornada se dedique a formación, como sucede en Soria: allí trabajan 37 horas y media, con dos horas y media dedicadas a este fin.
Para los empleados de las administraciones autonómicas, según indica el sindicato CC OO, las 37 horas y media aplican en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y la Comunidad Foral de Navarra, seis de las 17 comunidades autónomas.
En el resto ya rigen las 35 horas. Este balance interpela a los empleados públicos de las administraciones autonómicas, lo más relacionados con servicios de ventanilla, pero estas condiciones no tienen por qué coincidir con las de los empleados en la sanidad y la educación.
Según detalla CSIF, las 35 horas sí aplican en Andalucía tanto en la sanidad como en la educación, panorama parecido al de Aragón o Asturias. En Baleares los sanitarios sí han logrado las 35 horas, pero no los docentes, situación que coincide con la de Canarias.
En Cantabria, según la información facilitada por CSIF, se hacen 37 horas y media en la mayoría de la educación, y 35 en la sanidad, esquema que también se da en Galicia.
Las 35 horas también son la norma general en la sanidad y la educación de Euskadi, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra rigen las 37 horas y media para sanitarios y docentes.
Según el último boletín estadístico de las administraciones públicas, las comunidades emplean a 1,93 millones de personas, la administración local a 632.000 y la estatal, a 540.800.
La especialista Miriam Pinillos, sindicalista de CC OO y experta en administración pública, recuerda cuando las 35 horas empezaron a aplicar “hace 30 años” en las administraciones autonómicas de Andalucía.
“La reticencia que las administraciones tenían entonces era la misma que ahora: reducir la jornada implica unos reajustes que exigen un esfuerzo de coordinación y también un refuerzo de los recursos”, dice Pinillos.
“La expansión paulatina de las 35 horas se cortó en seco en 2012, en plena Gran Recesión. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió esta posibilidad en todas las administraciones y estableció, por norma general, las 37 horas y media”, agrega.
La reducción a 35 horas de la jornada de los funcionarios es una buena noticia, pero a la vez advierte de posibles efectos negativos.
La especialista Natalia Arias, del gabinete económico de CC OO, ha estudiado la diferencia entre las jornadas pactadas de los trabajadores públicos y de los privados.
A partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), concluye que la jornada media pactada de los asalariados privados se situó en 2025 en 39,4 horas, frente a las 36,9 de los empleados de la administración pública.
La distancia es amplia y se está ensanchando. Desde 2015 las horas pactadas se han contraído un 1,8% en lo público y la mitad en lo privado, un 0,9%.
La reducción de jornada no se desarrollará con tino si no se tiene en cuenta los efectos negativos que puede tener en empleados y ciudadanos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha conectado la reducción de jornada de los funcionarios con la de los trabajadores privados.
La patronal rechaza ese argumento.
La reducción de jornada puede desencadenar un efecto dominó en las empresas privadas.
El autor Joan Sanchis no es optimista sobre que la reducción de jornada de los funcionarios vaya a permear en el resto del tejido productivo.
