La Iglesia católica y el Gobierno español han firmado un protocolo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la institución eclesiástica. El acuerdo, que entrará en vigor el 15 de abril, permitirá a un número indeterminado de víctimas obtener una indemnización en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, el protocolo adolece de falta de claridad en los cálculos para fijar las indemnizaciones.
El dolor de las víctimas no se puede tasar en dinero
El dolor de las miles de víctimas de la pederastia eclesial no se puede medir en términos económicos. La indemnización no es solo un pago, sino un símbolo de la reparación que las víctimas merecen por parte de sus agresores o de quienes no hicieron todo lo posible por evitar los abusos. La mayoría de los afectados reclaman una reparación del daño a través de baremos económicos prefijados.
La falta de claridad en los cálculos
A pesar de que el protocolo detalla varios criterios para fijar las compensaciones económicas, como la gravedad de los abusos, la edad de la víctima o su relación con su victimario, no se establecen cifras concretas ni baremos para fijar las indemnizaciones. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el arzobispo Luis Argüello, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sostuvieron que no es necesario establecer cantidades ni horquillas.
