La medida estrella del Gobierno para regularizar a más de medio millón de personas migrantes en España sigue a la espera del dictamen del Consejo de Estado. A pesar de que se preveía que el plazo para presentar solicitudes se abriera el 1 de abril, la fecha de inicio sigue sin definirse. El Consejo de Estado dispone de un plazo de hasta dos meses para emitir su dictamen sobre el real decreto que permitirá la regularización.
Retraso en la implementación
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que 'habrá plazo suficiente' para la tramitación de las solicitudes que se presenten dentro de este proceso. Sin embargo, evitó concretar nuevas fechas y defendió que el procedimiento se mantiene dentro del calendario inicialmente previsto. La fecha límite para presentar las solicitudes sigue fijada en el 30 de junio.
Requisitos para acogerse a la medida
Los requisitos para acogerse a la medida se mantienen sin cambios. La iniciativa contempla dos perfiles principales de beneficiarios:
- Personas que hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025.
- Migrantes económicos que puedan acreditar su residencia en España desde, al menos, el 31 de julio de 2025.
Preocupación en la Unión Europea
La decisión de España de impulsar una regularización extraordinaria de migrantes ha generado preocupación en la Unión Europea. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la medida podría suponer una amenaza para otros Estados miembros. La medida podría generar un efecto llamada o facilitar desplazamientos dentro del espacio comunitario.
Impacto en la integración laboral
Una vez registrada la petición, la Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolverla. Las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral de forma inmediata, lo que permitiría adelantar su integración laboral incluso antes de la resolución definitiva. La regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España, vinculado al territorio nacional.
Desafíos en la tramitación
Los consulados canarios han reportado inquietud entre los potenciales beneficiarios debido a la condición de no contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Además, la vigencia de los certificados que acreditan la ausencia de antecedentes penales es de apenas tres meses, lo que podría resultar contraproducente si el proceso continúa demorándose.
Posibles consecuencias
La medida podría suponer una amenaza para otros Estados miembros de la Unión Europea, según el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración. En caso de que personas regularizadas en España se desplacen posteriormente a otros países europeos, podrían ser devueltas a España, al ser el país que les concedería la autorización inicial.
Redactor de Deportes
Periodista deportivo. Cubre la Liga y la selección española de fútbol.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.
