Decreto de Convivencia en Navarra y expulsión definitiva por acoso

El miércoles el Departamento de Educación de Navarra presentó el nuevo decreto foral de Convivencia, que establece la salida definitiva del centro para alumnos que cometan acoso o ciberacoso. La norma se aplica a los centros públicos y concertados no universitarios de la comunidad.

El agresor será expulsado del centro donde se produjo la agresión y, en casos de violencia grave, podrá ser trasladado a otro centro para proteger a las víctimas y garantizar un entorno seguro.

Detalles del decreto: enfoque restaurativo y medidas complementarias

El texto se basa en un enfoque restaurativo, privilegiando la mediación y la reparación del daño antes que la sanción pura. Cada centro deberá crear equipos de convivencia y elaborar planes de prevención activa que involucren a todo el alumnado.

Se incorporan protocolos ágiles para intervenir rápidamente en casos de acoso, ciberacoso y violencia de género. Además, la salud mental y el malestar socioemocional pasan a ser factores a considerar en la evaluación de los conflictos, facilitando respuestas más humanas.

Las definiciones se amplían para incluir violencia de género, racial, LGTBI+fobia y por discapacidad. Cada tipo de violencia contará con procedimientos específicos de actuación, garantizando una respuesta adecuada a la gravedad de los hechos.

Próximos pasos y posible impacto en los centros educativos

El decreto pasará a debate en el Consejo Escolar de Navarra la próxima semana. Si se aprueba, el Gobierno de Navarra lo ratificará y entrará en vigor al inicio del próximo curso académico.

Se espera que la medida reduzca la reincidencia del acoso y mejore el clima escolar. El Departamento ha anunciado la creación de un programa de formación llamado Laguntza, que ofrecerá a los docentes herramientas para detectar señales de acoso y gestionar intervenciones tempranas. Más información sobre iniciativas similares se ha visto en la reacción de la Plataforma Ciutadana.

En un contexto de creciente preocupación por la violencia en las aulas, como se reflejó en la reciente protesta de docentes valencianos, Navarra podría convertirse en referencia para otras comunidades. La expulsión definitiva y el traslado por violencia grave marcan un cambio de paradigma en la gestión de la convivencia escolar, y los próximos meses definirán si la medida logra equilibrar la protección de las víctimas con la reintegración educativa de los agresores.

María Jose Madrid Gómez
María Jose Madrid Gómez

Corresponsal Política

Periodista política con más de 15 años de experiencia cubriendo el Congreso de los Diputados.

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