El 4 de diciembre de 1977, Manuel García Caparrós murió de un disparo policial durante una manifestación por la autonomía andaluza en Málaga. Su familia recibió inicialmente la noticia de que había fallecido en un accidente de tráfico, pero al llegar al hospital, descubrieron el orificio de un disparo. A pesar de las investigaciones, la bala nunca se encontró.
La lucha por el reconocimiento
La familia Caparrós no fue indemnizada en su momento, pero ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha por la Ley de Memoria Histórica de 2007. El decreto, que se tramitará como proyecto de ley, incluye una extensión temporal hasta 1983 y prevé indemnizaciones de hasta 250.000 euros para los familiares de las víctimas.
La hermana de Manuel, Dolores, sostiene que 'son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda'. La indemnización es importante, pero no suficiente: 'Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo'.
La violencia policial durante la Transición
Historiadores han destacado que la policía importó métodos violentos del franquismo durante la Transición. El caso de Manuel García Caparrós es solo uno de los muchos ejemplos de la violencia policial que se produjo durante este período. La muerte de Franco no había acabado con la represión, a pesar del relato idílico de una Transición pacífica.
La lucha por la justicia
Las familias de las víctimas han peleado durante años por acceder a la justicia y obtener un reconocimiento oficial de lo sucedido. Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en 1976 a causa de los culatazos recibidos por agentes policiales, señala que 'ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea'.
El decreto y sus limitaciones
El decreto del Gobierno ha sido celebrado por las familias y las asociaciones que las agrupan, pero también han destacado sus limitaciones. Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, señala que 'hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce'.
La reclamación del acceso a la justicia
Las familias de las víctimas reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes 'que deslegitime el franquismo' y este tipo de crímenes. También exigen que se alargue el periodo de aplicación del decreto y que se reconozca la responsabilidad del Estado en lo sucedido.
Un reconocimiento tardío pero necesario
La aprobación del decreto es un paso hacia adelante en el reconocimiento de las víctimas del posfranquismo y la Transición. Sin embargo, las familias y las asociaciones siguen vigilantes ante su aplicación práctica y reclaman que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo la responsabilidad del Estado en lo sucedido.
Temas relacionados
Editora de Tecnología
Editora de tecnología. Especialista en inteligencia artificial y transformación digital.
¿Te ha gustado este artículo?
Suscríbete a nuestro boletín y recibe las mejores noticias en tu correo cada día.